La Corte Suprema de los Estados Unidos decidió hace unos años que los negros no eran seres humanos, que eran una propiedad. Varios años después, la misma Corte, compuesta de hombres todos blancos, resolvió que las mujeres no tenían derecho a votar y que los blancos y los negros podían estar separados. Ese mismo Tribunal Supremo determinó cinco años después que era válido que el Congreso tratara a Puerto Rico como una finca, como un mero centro agrícola, que los que son ciudadanos que viven o se mudan a la Isla son menos que los ciudadanos de los estados. 

Decidió en los famosos casos insulares, que son ocho casos que le llegaron a la Corte Suprema, que en Puerto Rico éramos un terreno donde el Congreso podía organizar y hacer lo que entendiera. Que podía poner aquí una zona militar. Que podían ellos escoger quién iba a ser el gobernador y que ellos podían decidir qué leyes aplicarían y qué leyes no. Incluso, podían determinar si era una legislatura con cámara y senado o solo una cámara; que el presidente podía vetar medidas y decidir el presupuesto, y a la vez empujar los impuestos que les diera la gana. 

Redujeron los municipios y Estados Unidos era el cheche aquí, y las leyes de nosotros eran las que a ellos les diera la gana, nuestra moneda valía lo que a ellos le diera la gana, usaríamos la moneda que ellos quisieran, nuestros terrenos se devaluaron y depreciaron, hicieron y deshicieron como quisieron. También determinaron que íbamos a ir a sus guerras y servir obligatoriamente en su ejército. 

Eso que decidió el Supremo federal, el tribunal más poderoso del mundo, todavía sigue vigente. Aquellos jueces racistas y machistas que decidieron que las mujeres no tenían derecho al voto, fueron revocados por la enmienda a la Constitución que permite a las mujeres votar. También fue revocado el caso que le permitió el apartar a los blancos de los negros en Brown v. Board of Education, pero ese mismo tribunal racista contra el Puerto Rico de entonces, sigue siendo la doctrina al día de hoy. 

Cuando la Lcda. Jessica Méndez Colberg trató de hacerle saber al Supremo federal en el caso del pasado martes sobre PROMESA lo indignante del asunto de los casos insulares, el juez presidente de la Corte Suprema federal, John Roberts, le dijo que no iba a cucar ese toro. Que ese tema no tenía pertinencia. Que no era importante para la controversia ante ellos. La Corte, que tiene una boricua allí, no entendía importante para la controversia que se pudiera nombrar una Junta que decida el futuro de Puerto Rico para siempre, basándose en casos del 1901 resueltos con el peor racismo de jueces. 

Aquí ni el PNP ni el PPD ni el PIP han actuado a forma de indignación. El pueblo que supuestamente quiere la estadidad, la igualdad y atesora su ciudadanía maulló como gatito. Bostezó como aburrido y próximo tema. Los partidos que tanto hablan del status como fuente de vida y salvación, guardaron silencio, porque en realidad, aquí se vive y trabaja para administrar el presupuesto y darle contratos a los cuates.

Estas expresiones del juez presidente Roberts que hubieran causado un estruendo rotundo en otro momento, una guerra civil o protestas tipo Hong Kong, en Puerto Rico no causaron ni un chícharo o cohete de colores. 

En fin, admitamos algo. En Puerto Rico somos estadistas aunque nos castiguen. Mientras en los círculos políticos el tema del status es el más que hablamos, en realidad, al pueblo le importan los issues sociales y la economía. Para el pueblo ya la estadidad es algo que se puede comprar con un pasaje de ida y se ha perdido el miedo a dar el brinco.

Aquí somos de la unión permanente y la única unión permanente, como demostró la guerra civil de 1861, es la estadidad. Mientras tanto, somos la colonia contenta.