Por ser el Oeste una de las principales zonas turísticas en Puerto Rico, la discusión sobre la nueva ley de condominios y la reglamentación para alquiler a corto plazo, como Airbnb, tiene un impacto directo en la economía de esta región.

A tales efectos, legisladores y alcaldes están atentos a lo que suceda en la casa de las leyes en los próximos días. Aunque todos coinciden en que debe existir cierta regulación, en lo que no se ponen de acuerdo es en quién debe regularlos y a quién debe beneficiar la imposición de algún tipo de impuestos.

La Cámara de Representantes todavía tiene ante su consideración el Proyecto de la Cámara 1874, conocida como la Ley de Condominios, y su nueva ordenanza permitiría el arrendamiento a corto plazo en esas instalaciones de vivienda. Mientras, el Senado dejó la semana pasada en manos de la Compañía de Turismo la reglamentación de estas propiedades que se encuentran en zonas de interés turístico.

El proyecto senatorial 1010 fue aprobado en momentos en que la Legislatura Municipal de San Juan también tiene ante su consideración una medida que, entre otras cosas, contempla restringir la cantidad de propiedades que un mismo dueño puede alquilar mediante la plataforma Airbnb.

“Para mí es importante el asunto de Airbnb porque el Oeste es una zona turística. Rincón, por ejemplo, es el pueblo con mayor cantidad de Airbnb en Puerto Rico, sobrepasa los 1,200 (cuartos disponibles) y en otros pueblos como Cabo Rojo y Aguada también ha crecido mucho”, comentó José “Che” Pérez, representante por el Distrito 18 (Moca, Aguada, Rincón, Añasco y Mayagüez).

“Eso fue una ordenanza abusiva y caprichosa con otros intereses y eso es lo que se pretende que no suceda. Buscamos reglamentar para establecer un orden, pero no abusar y prohibir”, sostuvo.

Por su parte, el alcalde de Cabo Rojo, Roberto “Bobby” Ramírez Kurtz coincidió en la necesidad de establecer reglamentación, pero recordó que son los municipios quienes sirven a esa población y, por ende, deben recibir alguna retribución.

“El gobierno central se fue directamente a Airbnb y le pidieron que pagaran el ‘room tax’. Pero ¿de qué manera nos beneficiamos nosotros los municipios con el ‘room tax’? Debe haber una regulación uniforme, pero deben tomar en consideración los servicios que brindan los municipios”, apuntó.

La petición del alcalde caborrojeño encontró eco en la senadora por el Distrito de Mayagüez y Aguadilla, Evelyn Vázquez, quien defendió el derecho de los individuos en maximizar sus recursos, como el alquiler de su propiedad, y reconoció que son los municipios quienes deben beneficiarse.