El terrible incidente que culminó con la muerte del oficial correccional Pedro Joel Rodríguez Mateo, luego de ser atacado por un confinado de Máxima Seguridad del Complejo Penitenciario Las Cucharas de Ponce, destapó la crisis que enfrentan cientos de guardias penales y empleados civiles en las instituciones carcelarias.

Muy pocos consumen su media hora para alimentarse y hasta tienen que cubrir más de un puesto porque no hay personal. Tampoco cuentan con las herramientas necesarias para realizar sus labores, aumentando la fatiga emocional, mental y física que los consume cada día más.

Pero a pesar de las presiones que reciben, no se atreven a denunciar públicamente lo que están pasando por temor a represalias. 

“Hay mucha presión siempre de que tenemos que cumplir porque si no, nos pueden amonestar y la seguridad de empleo en Puerto Rico es muy baja y la gente cuida mucho el sustento de su hogar, aun en condiciones precarias. Si los oficiales de custodia están desprovistos, el área civil está más desprovista todavía”, confesó Marla Rivera Rivera, técnico sociopenal de la institución Guayama 1000.

“Hay comentarios por ahí de ‘le matamos uno’ y otros comentarios de celebración. No podemos caer tampoco y escucharlos porque no podemos ponernos a ese nivel, pero eso duele en medio de toda esta situación que estamos pasando como familia del Departamento de Corrección”, admitió la empleada del DCR sobre lo que presuntamente se escucha decir a la población penal.

Rivera destacó la situación que experimentan los trabajadores de las cárceles en Puerto Rico, especialmente aquellos que realizan funciones sociopenales.

“Un técnico sociopenal tiene muchas funciones con más de 60 confinados a cargo; hay instituciones que tienen menos, otras tienen más, de acuerdo a la empleomanía que haya y a la gente que está por el fondo.

“Mensualmente uno se reúne con el confinado para darle seguimiento, ellos llegan a nuestra oficina porque un oficial los debe traer, y pues eso se ve impedido cuando solamente hay un oficial y tiene que atender dos puestos”, explicó.

“(Los guardias penales) están asignados a nuestra área, pero tienen que resolver en otras y la presión de uno querer cumplir, porque los planes de trabajo tienen que cumplirse mensualmente y adicional a eso la queja de los confinados es cuando se da la ronda de supervisión diciendo que el sociopenal no puede entrevistarlo, pero es debido a la falta de seguridad para traerlos hasta aquí”, admitió.

De otra parte, las féminas que laboran en las instituciones penales en ocasiones tienen que entrar o salir solas de la institución, ya que los guardias penales están atendiendo otras labores.

“Aquí nos enfrentamos al miedo, yo fui oficial de custodia y quizás tengo más de experiencia, pero siento miedo algunas veces con confinados que están bajo sustancias controladas, le hablan y se le acercan a uno. Yo me encuentro cerca de una cancha donde hay algunas veces 200 confinados y de momento se forman ataques entre ellos”, expuso.

“De momento hay portones abiertos, porque como solamente tienen un oficial de custodia en el máster control que dirige toda la cárcel, para no estar todo el tiempo cerrando y abriendo portones se dejan los portones abiertos y el área de seguridad trabaja de una forma que se ve negligente, pero es más atado a la falta de personal de tener que hacer de tripas corazones”, lamentó.

Gran parte de la sobrecarga de trabajo es resultado de los despidos por la Ley 7, así como el retiro voluntario promovido por la Ley 70, que dejó descubiertos cientos de puestos necesarios en la operación gubernamental.

A eso se suman las jubilaciones que están próximas a cumplirse, y a tales efectos se espera que la crisis por necesidad de personal en las cárceles sea mayor.

“Todo esto nos causa una fatiga emocional, mental y física increíble, algo agobiante porque tampoco nos dan espacio de adiestramientos por lo menos una vez al año de separarnos de estos barrotes e irnos a ver los reglamentos para la población penal”, manifestó.

Por si fuera poco, la institución penal en la Ciudad Bruja que agrupa las unidades de Guayama 1000, 296, 500 y el Programa de Comunidad Guayama 945, se enfrenta al deterioro acelerado de las estructuras con filtraciones, hongos y otros aspectos que hacen más difícil las labores en el lugar.

“Aquí hay filtraciones por donde quiera, cuando llueve esto parece un ‘carwash’, los pisos mojados, el techo, hay módulos, confinados sin aire acondicionado y en vez de estar 22 horas trancados y dos horas de recreación, pues casi siempre los trancan a las 9:00 de la noche en algunos módulos porque no hay aire y no los pueden tener encerrados así porque eso es infrahumano. Hay módulos que están inhabitables, tienen que estar reparándose o cerrándose y esos movimientos de confinados son mensuales”, contó.

“Hay paneles que están sin pintar, con brotes de hongo, brotes de la pintura, olores desagradables, es un poco difícil la situación; el salón de visitas está sin aire y solamente hay tres oficiales, uno registra, uno vigila a toda la visita que hay ahí, y otro procesa alimentos”, enumeró al asegurar que algunas oficinas están en buen estado, pero otras no tienen aire acondicionado.

“Además, el huracán María tumbó algunas verjas de la institución que actualmente están aguantadas con gatos hidráulicos y “no las han arreglado porque escuché que están esperando por los fondos de FEMA”', dijo.

La técnico sociopenal urgió al secretario del DCR, Erick Rolón Suárez que se solidarice y atienda las situaciones que enfrentan los empleados de la agencia.

“Los que estamos aquí nos apasiona trabajar con la población correccional, nos gusta porque quizás no pensamos en ese delincuente que disparó, que mató, que asesinó, sino en ese niño que fue maltratado y ese ser humano que está ahí sentado, víctima de las circunstancias de la vida”, acotó al pedir que el DCR no tome represalias contra ella por las denuncias expresadas a este medio.

Cabe destacar que Rolón Suárez se estaría reuniendo con la directora ejecutiva de

 la Junta de Supervisión Fiscal, Natalie Jaresko a finales de esta semana para dialogar sobre la retención de $28,000,000 al presupuesto de la agencia.

Según el secretario del DCR, con este dinero se daría curso a una academia de oficiales correccionales que reclutaría inicialmente a 300 personas.