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Reina la indignación en el suroeste tras arrestos por corrupción

Por Lester Jiménez / Para Primera Hora 07/11/2019 |11:45 p.m.
El Horizonte
Fueron seis los acusados por un gran jurado federal, encabezados por la exsecretaria de Educación, Julia Keleher. (Para Primera Hora/Lenin Nelly)  
Alcaldes de las zonas Sur y Oeste repudiaron los actos que le imputan los federales a varios exfuncionarios del País.

Con una mezcla de indignación y tristeza recibieron algunos alcaldes de la zona Suroeste la noticia del arresto de varios ex jefes de agencias gubernamentales y personas allegadas al gobierno central, como parte de una investigación federal por fraude.

Un gran jurado federal acusó el martes a la ex secretaria de educación, Julia Keleher, a la exdirectora de la Administradora de Seguros de Salud (ASES), Ángela Ávila, al subcontratista del gobierno, Alberto Velázquez Piñol y al presidente de la firma de contabilidad y consultoría BDO Puerto Rico, Fernando Sherrer por conspiración para cometer fraude, robo, fraude electrónico, lavado de dinero y conspiración para lavado de dinero.

Los arrestos se llevaron a cabo el miércoles en Washington y Puerto Rico, mientras Vázquez Piñol se entregó en Connecticut, según se informó. El juez federal Bruce McGiverin en el Tribunal Federal en San Juan, concedió salir en libertad bajo fianza tanto a Ávila, las hermanas Ponce Mendoza y a Scherrer.

“Esto es algo indignante. Mientras el país está en crisis económica, haya gente robándole al pueblo. Que mientras se lucha por conseguir fondos federales para educación de salud, haya gente quedándose con el dinero. Que se lleven al que se tienen que llevar. De alguna forma hay que erradicarlo”, sostuvo el alcalde sangermeño, Isidro Negrón, quien hizo hincapié en que se trata de los Departamentos de Educación y de Salud, dos agencias que abarcan más de la mitad del presupuesto de todo el gobierno. 

“Mientras en San Germán cierran la oficina de reformas porque supuestamente no hay fondos y la gente se tiene que ir a otros pueblos, allá se están robando el dinero. Esto no es aceptable”, apuntó.

Por su parte, el alcalde de Hormigueros, Pedro García, resaltó el impacto que tiene esta noticia en la confianza que deposita el pueblo en los servidores públicos.

“Eso entristece al país y crea desasosiego en todo Puerto Rico, particularmente cuando se arresta a una ex secretaria de Educación. Yo empiezo a recordar, caramba, cuando nos cerraron tres escuelas para supuestamente hacer economías, pero vemos que esas economías se van en otros actos y eso nos entristece”, dijo García, quien recordó cómo, bajo la administración de Keleher, se ordenó el cierre de la escuela Rafael Hernández en la comunidad Lavadero, la cual había sido remodelada apenas tres años antes.

“El pueblo ya no puede con la carga económica encima y ver que sus funcionaros públicos del más alto nivel fallan así, ¿qué confianza le van a tener al gobierno, o todos los que estamos inmersos en el proceso político?”, destacó.

De igual forma, el primer ejecutivo de Cabo Rojo, Roberto Ramírez Kurtz, lamentó que, a raíz de estas acusaciones, se vean afectados los servicios a los más vulnerables.

Recordó, por ejemplo, a los estudiantes del Programa de Educación Especial que llevan años luchando para que se les brinde los servicios requeridos sin lograr su cometido.

“Ahora vendrán más restricciones de fondos de Educación de Estados Unidos que pondrán en riesgo estos programas dirigidos a los más vulnerables. Y ni se diga en lo que es el Departamento de Salud”, lamentó.

Mientras, el primer ejecutivo de Añasco, Jorge Estévez, describió la noticia como “bochornosa”

“Como dijo Sila María Calderón una vez: Qué vergüenza para el pueblo de Puerto Rico’. Vemos otra vez cómo se usa el dinero de la educación de los niños de nuestro país. Es un golpe duro para el gobierno de Rosselló y el país completo está triste porque esto no es lo que queremos para Puerto Rico”, apuntó Estévez.

“Como me enseñó mi padre, si usted trabaja en una fábrica de empacar miel de abejas, y la miel no es suya, usted no se lamba (sic) los dedos… para eso no es el gobierno. Aquí estamos para hacer las cosas honestamente. Podemos equivocarnos y meter las patas, pero las manos, jamás”, agregó.

Por el último, Marcos “Turin” Irizarry, alcalde de Lajas, exhortó al gobernador Ricardo Rosselló a ordenar una auditoría interna de todos los departamentos para erradicar la corrupción de raíz. 

“Esto está cada vez más delicado, sensitivo y más peligroso…No podemos esperar a que sigan saliendo este tipo de situaciones en detrimento del país. Entiendo que debe entrar con una auditoría seria y responsable que pueda investigar todos estos contratos para que nuestro gobierno vuelva a tener luz y no le demos el espacio al presidente de Estados Unidos (Donald Trump) para seguir hablando mal de la administración que sigue en Puerto Rico”, sentenció.

Por su parte, el alcalde de Juana Díaz, Ramón Hernández Torres, tildó la situación como una vergonzosa que trastoca la imagen del pueblo puertorriqueño.

“Mucha tristeza, mucha desilusión, sobre todo, comparto la frustración que tiene el pueblo por esos funcionarios que se le dieron la confianza y a través del voto del pueblo, pero a su vez estas personas delegaron una confianza en unos secretarios, unos funcionarios, unos ayudantes que han traicionado al pueblo de Puerto Rico y eso es triste, nos miran todos por igual lamentablemente”, confesó.

El ejecutivo juanadino recordó las veces que le aconsejaron al gobernador Ricardo Roselló que no entregara a una contratista la función más importante en el Departamento de Educación.

“Siempre se le señaló al Gobernador que un nombramiento de esa magnitud no podía estar en manos de un contratista, el Gobernador accedió y la contrató por $250 mil. Esa persona no vino para servirle a Puerto Rico, esa persona vino para servirse a sí misma y servir a unos amigos que tenía ella dentro del propio Departamento como contratistas también”, acotó.

En tanto, la alcaldesa de Ponce, María E. Meléndez Altieri, evitó abundar en el asunto.

“Yo respeto y confío plenamente en los procesos del Gobierno Federal. Si ellos han actuado, sus razones más que válidas tendrán. Si alguien le falla al pueblo, habrá consecuencias. Por el momento no estaré emitiendo comentarios adicionales sobre el asunto”, dijo Meléndez Altieri en declaraciones escritas enviadas por su oficial de prensa.

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