Un grupo de legisladores municipales de Santa Isabel se tiró a la calle para recabar la ayuda económica del pueblo en vías de reabrir la rampa pública que el alcalde Enrique Questell Alvarado les cerró a los pescadores en enero.

Esto para pagar los servicios legales que eventualmente necesitarán en la lucha por recuperar el espacio que el alcalde alega le pertenece desde 1984 a través de la compañía Aquamak.

La respuesta de estos asambleístas de todos los partidos políticos, incluyendo el Partido Nuevo Progresista (PNP) en ese pueblo, se materializa en momentos que está a punto de concluir la investigación que realiza una comisión especial de ese organismo municipal para determinar a quién le pertenece ese terreno.

“Nosotros no tenemos que probar que ese terreno es nuestro, quien tiene que probar que eso es de él, es el alcalde y estamos recogiendo dinero para pagar los servicios legales del Comité Defensa del Náutico de Santa Isabel que los va a defender en el tribunal, si es necesario. Eso se hará cuando el tribunal lo decida porque hay un injuction puesto”, reveló Pedro Juan Rodríguez Rosado, presidente de la Legislatura Municipal de Santa Isabel.

“Tenemos una comisión especial para investigar la titularidad de esos terrenos y aunque todavía no podemos revelar lo que hemos encontrado, lo que está reflejando es todo lo contrario (a lo dicho por Questell Alvarado). Esa seguridad nos trae aquí a hacer esto y que Recursos Naturales haga su parte que lo están haciendo muy bien, y a todas las agencias que esto le compete que también hagan su trabajo, ahora se está viendo, pero es gracias al movimiento que ha habido”, confesó Rodríguez Rosado, quien es del mismo partido político que el alcalde.

El presidente de la Legislatura Municipal lamentó las situaciones que han experimentado los pescadores desde que Questell Alvarado clausuró la rampa pública.

“Lamentablemente ahí es que está el problema, esa rampa ellos la utilizaban para bajar sus botes e irse a pescar mar adentro y así es que ellos traen el sustento a sus casas. Ahora no lo pueden hacer, tienen que estar buscando cualquier sitio para meter las lanchas para entonces tratar de pescar algo, pero no es lo mismo”, admitió Rodríguez que pertenece a esa legislatura desde que Questell ganó la alcaldía en el 2005.

Por su parte, el presidente de la comisión especial, Moisés Marrero Reyes, señaló que el área en conflicto donde está la rampa perteneció al pueblo desde los años 50.

Marrero Reyes destacó que la investigación está a punto de culminar, sin embargo, el alcalde Questell no acudió a la citación de la comisión, pero tampoco se excusó.

“La investigación comenzó en marzo de 2019, pero en este momento nosotros tenemos una mordaza impuesta por nosotros mismos hasta que baje el informe. Ahora si te puedo decir que la investigación está prácticamente finalizando, nosotros pues la última cita que teníamos con el señor alcalde el martes 16 de julio, y no se presentó, tampoco se excusó, por tanto, nosotros vamos a seguir con el proceso hasta terminarlo”, resaltó Marrero Reyes, también afiliado al PNP.

“Luego de ese informe, de haber alguna observación que nosotros entendamos que cae en el ámbito legal, lo estaremos refiriendo a las agencias pertinentes. Nosotros hemos llevado a cabo una serie de entrevistas y deposiciones de diferentes pescadores, exalcaldes, expresidentes de las legislaturas municipales, empleados municipales y ciudadanos particulares”, enumeró el presidente de la comisión especial.