Tras disminuir el nivel de cumplimiento con los estudiantes del Programa de Educación Especial en medio de la pandemia del coronavirus, el Departamento de Educación se batalla en los tribunales con un aumento de la multa diaria por incumplimientos, de $5,000 a $6,000, y con la amenaza de que pronto la suma podría volver a aumentar a $9,000 diarios.

Son millones de dólares los que la agencia tiene que desembolsar todos los años al tribunal sin que se establezca en algún informe preparado por la monitora Pilar Beléndez Soltero una mejoría. Aun así, el secretario interino de Educación, y quien a su vez es el secretario auxiliar de Educación Especial, Eliezer Ramos Pares, alude a que han logrado un “avance significativo” en los servicios al estudiante.

El funcionario culpó al pleito de Rosa Lydia Vélez, incoado hace años para velar por el buen funcionamiento del sistema, como un traspié en el proceso. Hasta llegó a reprochar que el tribunal “debió haber mirado dentro de las circunstancias históricas en las que estábamos”, la pandemia del COVID-19, cuando ha comenzado a tomar decisiones en detrimento de las finanzas de la educación pública.

“Yo creo que el sistema está operando. Creo que es fácil hablar de incumplimiento, difícil hablar de cómo corregir esos incumplimientos. Yo creo que el Departamento sí ha caminado, sí ha progresado. Los incumplimientos de hace cinco años, 10 años, 15 años, 20 años, no son los incumplimientos de hoy. Yo sí reconozco que el Departamento tiene que mejorar, pero me parece que todos debemos darle una mirada a este caso y a este pleito y si realmente está encaminado, sirviéndole al país, en dirección a cerrarse y a dejar una secretaría asociada de Educación Especial que cumpla con las necesidades de nuestras estudiantes, no con la expectativa de terceras y cuartas personas. Hablo de nuestros estudiantes, que al fin y al cabo deben ser el objetivo. So, si verdaderamente multas y sanciones hacen cumplir con nuestros estudiantes, pues debo entender que estamos en el camino correcto”, afirmó en entrevista con Primera Hora.

La situación que enfrenta el Departamento de Educación es la siguiente. Tiene hasta hoy, jueves, para presentarle al tribunal su postura para que no se le incremente la multa en $3,000 diarios adicionales. Esto llevaría el monto a $9,000 al día.

La imposición de la pena, que vendría acompañada de un pago inicial de $100,000, se debe a una recomendación que hizo el comisionado designado por el Tribunal de Primera Instancia de San Juan en este caso de Rosa Lydia Vélez, Carlos Rivera Martínez. Tal recomendación se dio en junio pasado a raíz de un informe preparado por la monitora en el que Educación cayó en su nivel de cumplimiento, ante las métricas establecidas por el tribunal. Su puntuación para el año fiscal 2019-2020 fue de 2.31, mientras que en el año fiscal anterior fue de 2.88.

Esta defensa ocurrirá a solo días que de la jueza María Cabrera Torres impusiera una multa inicial de $100,000 y una multa diaria de $1,000 contra Educación por no realizar durante el pasado año 15,851 evaluaciones de estudiantes acogidos al programa de Educación Especial y que tenía pendientes desde el 2019.

Ramos Parés no supo detallar a cuánto asciende en la actualidad la cantidad de evaluaciones acumuladas. No obstante, informó que se apelará la decisión, “porque entendemos que es una sanción económica que al fin al cabo penaliza a los propios estudiantes”.

Estableció que, entre los argumentos para no lograr disminuir esa cifra, estuvo que en la pandemia no se logró coordinar con muchos padres el servicio, así como por la falta de profesionales que hicieran la evaluación requerida por temores a contagio.

“A mí me apena mucho que tengamos que llegar a esta multa”, manifestó.

Educación también enfrenta en la actualidad una demanda que han radicado los padres para lograr que se les otorgue tiempo compensatorio por los servicios de los alumnos dejaron de recibir entre marzo a junio de 2020, en el inicio de la pandemia.

Pleito por compensación de servicios

El abogado de los padres, José Torres Valentín, explicó a Primera Hora que ahora recurrieron al Tribunal Supremo, tras determinaciones contrarias del Tribunal Apelativo y de Instancia en torno a que Educación no tiene que compensarles.

“Educación alude a que en ese periodo no se dieron clases... Pero, el sistema funcionó virtual y a través de módulos y, por lo tanto, procede que la agencia compense a los estudiantes en cuanto a los servicios dejados de recibir”, insistió el letrado.

Ramos Parés, por su parte, alegó a que los servicios estuvieron disponibles en ese periodo.

“Aquí no hay que compensar. Nosotros sí brindamos servicio durante ese tiempo”, afirmó.

En general, el titular de Educación insistió en una mejoría en los servicios, los cuales describió que van “viento en popa”.

Comentó que en las métricas establecidas en el caso Rosa Lydia Vélez no se percibió tal mejoría, pues les cambiaron los requerimientos y recibieron muchos ceros por no dar información como la solicitó la monitora o por hacer una entrega tardía para cumplir con la nueva guía.

“Hoy por hoy afirmo al país que la Educación Especial no ha dado un retroceso” “, puntualizó Ramos Pares.

Pero, ¿qué opina una de las principales activistas en este caso?

La portavoz del Comité Timón de Madres de Educación Especial, Carmen Warren, reconoció que muchos niños no están accediendo en la actualidad a los servicios de Educación Especial, pues sus padres tienen temor ante el alza del contagio de coronavirus y no los lleva a las escuelas de manera presencial. También criticó que Educación no haya atendido los problemas estructurales de las escuelas, lo que alude, incrementa la preocupación de los padres.

“Educación ha estado fallándole al estudiantado de Educación Especial, pero la condición de la pandemia ha empeorado ese incumplimiento a los estudiantes de Educación Especial, porque no han sido lo suficiente creativos para buscar otras alternativas que pudieran atender o mitigar esas necesidades”, expresó.

Warren detalló que muchos de estos niños requieren atención especializada de un adulto, con el que debe estar en contacto todo el día. También habló de estudiantes que no pueden tener la mascarilla puesta todo el día, salones con 30 estudiantes en los que no se guarda el distanciamiento o situaciones en que los niños son al extremo cariñosos y no se contienen las expresiones afectivas.

“Aun cuando hay instrucciones de que se flexibilice que los estudiantes lleguen a la escuela o la instrucción virtual, muchos directores y directoras no atendiendo peticiones de los padres”, denunció.