El gobernador Pedro Pierluisi reiteró este jueves su enérgica defensa a la atribulada secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Ana Escobar, cuya gestión está bajo la lupa pública por varias controversias, entre ellas el feminicidio que se le imputa a un condenado feminicida, al que se le otorgó un pase luego que lograra burlar a las autoridades correccionales fingiendo padecer una enfermedad terminal.

Los cuestionamientos a la secretaria Escobar ocurren al tiempo que ella, paralelamente a su labor al mando del DCR, lidera una parte importante del comité de campaña de reelección del gobernador Pierluisi, lo que podría suponer algún tipo de conflicto, toda vez que Pierluisi podría verse en la posición, como jefe de gobierno, de tener que pasar juicio sobre el trabajo de la secretaria, mientras ella desempeña una importante tarea política a su favor.

Sin embargo, el gobernador aseguró que “una cosa no tiene nada que ver con la otra”, y respaldó que la secretaria continúe haciendo ambas labores. Agregó que a nadie le debía sorprender que miembros de su gabinete se identifiquen con su candidatura y quieran participar activamente en su campaña, y fue enfático en asegurar que “no representa un conflicto de interés el que alguien que está laborando en mi administración, la administración que yo dirijo, esté activamente buscando o apoyando mi reelección, al extremo que sea, salvo que sea en horas laborables”.

“Nosotros vivimos en una democracia. Todos, salvo muy raras excepciones, tienen derecho a apoyar partidos, a apoyar candidatos. En el caso de la secretaria, ella lo está haciendo, al igual que muchos otros. No es la única funcionaria de gobierno o de la empresa privada que está apoyándome en mi plano de campaña a la reelección”, sostuvo Pierluisi.

Recordó que “por eso yo defiendo al Panel del Fiscal Independiente (PFEI), porque precisamente se creó para, cuando falla cualquier funcionario de alto nivel, no sea el Departamento de Justicia el que tenga la última palabra, cuando me responde a mí”. Agregó que, “nunca va a haber un conflicto de interés”, porque una vez le pierde la confianza a un funcionario, “no me va a temblar el pulso”.

Pese a las críticas, defendió una vez más a Escobar y afirmó que “esa secretaria ha hecho una labor ejemplar”.

“Ahora tenemos esa situación de ese caso, de ese feminicidio, que se está investigando a saciedad. Se están requiriendo los documentos necesarios para entonces determinar quién falló, si fue, por ejemplo… aquí hubo evaluaciones médicas, pues hay que evaluar si se llevaron a cabo correctamente; hay que evaluar si cualquier miembro o funcionario de ese departamento no actuó correctamente. Todo eso está bajo investigación administrativa. Y el resultado de esa investigación va a llegar a manos del Departamento de Justicia. Y será el Departamento de Justicia el que decide si hay que procesar a alguien ante los tribunales”, afirmó.

A propósito del “trágico” caso del feminicidio, indicó que la secretaria Escobar había ordenado colocar un grillete electrónico a la veintena de personas que se han beneficiado de la Ley 25 de 1992, que permite gozar de un pase a un confinado con una condición de salud terminal, como una “medida preventiva”.

Agregó que la Legislatura también podía actuar sobre esa ley “si entiende en su juicio que se debe enmendar”.

“Pero ahora la prioridad inmediata es investigar ese asunto, para ver qué fue lo qué pasó, cuál fue la falla, porque obviamente falló el sistema, falló esa ley en su ejecución, para entonces tomar las medidas que haya que tomar para que no se repita”, exhortó, agregando que “no se debe descartar que se procese a alguien si es que hubo actividad delictiva”.

Pierluisi también defendió, bajo el mismo argumento de libertad de expresión y libertad de asociación, a la compañía Physician Correctional, cuyos directivos son conocidos donantes de su campaña, y que es la compañía a la que el DCR le otorgó el contrato de los servicios de salud correccional, pese a diversos señalamientos en su contra como los que hizo el Senado en 2022, y cuyos profesionales médicos estaban a cargo de al menos parte de las evaluaciones del presunto feminicida y habrían sido engañados por él.

“Pues tengo que decir que, en esa área, ha recibido premios, galardones, el Departamento de Corrección y Rehabilitación, y esa entidad en particular por su desempeño. Fuera de Puerto Rico, entidades que acreditan y supervisan sistemas correccionales, han premiado al Departamento por su ejecutoria en esa área en particular”, afirmó.

Agregó que conoce de la investigación que señaló a Physician Correctional, pero que en última instancia, es la secretaria la que evalúa y toma la decisión sobre la contratación, tomando en consideración los factores que entiende necesarios.

Asimismo, indicó que, el hecho de que directivos de la empresa sean donantes de su campaña, “no tiene absolutamente nada que ver”, pues en lo que respecta a donativos políticos, “hay libertad de expresión y las personas pueden donar a sus candidatos de preferencia”.

“Aquí hay una libertad de expresión y una libertad de asociación. Y uno no puede estar de momento ahora diciendo, ‘ah no, el que está activo en un partido, en una campaña, es como si fuera un criminal. Por otro lado, el que dona, también eso está mal. No’”, condenó. “Lo que no se puede hacer, eso sí es ilegal, es tú venir y aceptar un donativo a cambio de una gestión oficial. Eso sería totalmente ilegal. Y en mi caso jamás ha ocurrido ni va a ocurrir”.

En un asunto vinculado al DCR y cuestionamientos a la secretaria Escobar, se le preguntó al gobernador sobre las denuncias de ascensos indebidos dentro de la agencia, al punto que, en un caso, de ascensos a teniente primero, se le habría negado esa promoción a candidatos que pasaron el examen y tenían mejor puntuación que los 21 que sí fueron ascendidos, incluyendo una empleada que ni siquiera habría aprobado el examen.

“Ahí son más de 90 ascensos, y como yo he dicho, el que piense que hubo algo irregular, pues que lo diga. Pero la inmensa mayoría de los ascensos ya se explicó. Entiendo que 80% de los ascensos era a base de examen, 20% a base de mérito, para todos hubo también entrevistas. Obviamente, al que no le dan el ascenso, se va a quejar, no le va a agradar. Pero nada, eso se atiende. Pero tienen que probar su caso. No necesariamente porque lo diga es correcto”, sostuvo.

En otro tema, también relacionado al Departamento de Corrección y Rehabilitación, se le cuestionó al gobernador sobre la queja de la Procuradora de las Mujeres de que el DCR no les ha entregado una información, que han pedido reiteradamente, relacionada con la llamada masacre de Yauco, que también incluyó un feminicidio.

“Por ley, el Departamento está impedido de compartir esa información a menos que un juez lo autorice. O sea, que será el tribunal quien autorice que se entregue esa información. Así siempre ha sido, y así será, me imagino, en ese caso”, comentó.

Las expresiones del gobernador se dieron luego de la inauguración de la nueva Unidad de Desintoxicación de Alcohol y Sustancias, de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (Assmca), en instalaciones recién remodeladas en el área del Centro Médico de Río Piedras.