El representante Ramón L. Rodríguez Ruiz debe comparecer en la mañana de hoy a la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia, en Miramar, para ser interrogado por la fiscal Loraine Pietri, mientras siguen los reclamos de la plana mayor del Partido Nuevo Progresista (PNP), de que el novato legislador abandone la silla que ocupa en la Cámara por el distrito 27.

Rodríguez Ruiz está citado para las 9:00 de la mañana y ésta es la primera entrevista que le hacen las autoridades en torno al escándalo que rodea la agresión en el rostro que sufrió la directora de su oficina legislativa, Soniel Torres Suárez, el pasado 10 de noviembre, en Santa Isabel. Torres Suárez identificó primero a Rodríguez Ruiz como su agresor y pareja consensual, pero después se retractó en una declaración jurada que se divulgó en las redes sociales.

Ayer la comisionada de la Policía, Michelle Hernández reiteró que en la querella de los hechos, Torres Suárez mencionó al legislador como autor.

Rodríguez Ruiz dijo que comparecerá a la cita con un abogado, cuya identidad no reveló. El lunes 11 de diciembre, también está citado para entrevista en el Capitolio, ante el exfiscal, Ernie Cabán, a quien designó el presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez para que investigue el suceso.

Durante la pesquisa han aflorado otros señalamientos contra Rodríguez Ruiz de supuestas irregularidades en sus informes de donativos de la pasada campaña electoral y de alegados requerimientos de dinero a empleados, asuntos que el gobernador Ricardo Rosselló Nevares refirió el martes a Justicia para que también sean investigados.

Rafael Rodríguez Molina, quien alega que no le dio donativos políticos por $1,500 a Rodríguez Ruiz como éste reportó en un informe, deberá comparecer el martes próximo ante la Oficina del Contralor Electoral (OCE), supo Primera Hora.

De no presentarse a la cita, la OCE podría acudir al tribunal para obligarlo a comparecer bajo apercibimiento de desacato, ya que en mayo pasado, Rodríguez Molina ignoró otra citación de la dependencia pública.

El hombre que trabajó hasta el pasado mes de julio en la oficina legislativa de Rodríguez Ruiz dijo la pasada semana a El Nuevo Día que no hizo “ningún tipo de donación” al representante por el distritto 27 (Santa Isabel, Coamo, Salinas y Aibonito), a quien el alto liderato de la Palma le ha pedido que abandone el escaño que ocupa en la Legislatura, hace poco menos de un año.

RodríguezRuiz alegó el martes en una conferencia de prensa en el Capitolio, que Rodríguez Molina lo “ayudó” en los últimos meses de su campaña con una guagua de sonido y que no fue un donativo “fatulo” sino “en especie”.

Mientras tanto, el contralor electoral, Walter Vélez dijo ayer que la citación de Rodríguez Molina es confidencial. No obstante, ante la información que ha trascendido públicamente en torno a la controversia, el funcionario confirmó que Rodríguez Molina fue citado por segunda ocasión para que aclare si el donativo fue por el servicio de una guagua de sonido, como alega el legislador.

“No puedo dar información porque el proceso es confidencial, pero tenemos que corroborar la información que se ha brindado en los medios por esta persona y por el representante Rodríguez”, dijo Vélez a preguntas de periodistas.

Confirmó además, que el lunes, el representante Rodríguez Ruiz acudió ante la OCE para “aclarar dudas sobre el proceso relacionado a la auditoría o investigación que se está llevando a cabo y se le aclararon”.  

Vélez indicó que la Ley para el Financiamiento de Campañas Políticas es bien rígida. Detalló que de comprobarse que las alegaciones de Rodríguez Molina son ciertas, “esto conlleva multas, penalidades y un referido al Departamento de Justicia, para que haga la investigación y se procese como se tenga que procesar”.

Por otro lado, Vélez dijo ayer que Rodríguez Ruiz no es el único que no ha pagado multas que le ha impuesto la OCE y adelantó que entre enero y febrero, la dependencia pública ira al tribunal contra candidatos morosos de la pasada campaña electoral que adeudan alrededor de $1.5 millones en multas que no han pagado.