Como embocadura a una discusión más amplia desde la academia sobre el Proyecto del Senado 1456 para crear la Ley para las Alianzas en la Educación Pública, varios profesores de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, trajeron a colación aparentes inconstitucionalidades y carencias en cuestiones de autonomía y ciudadanía de la medida.

La psicóloga académica-investigativa Sheila Pérez López fue la primera en levantar bandera durante un conversatorio en la Facultad de Ciencias Sociales sobre la similitud de las escuelas líderes descritas en el proyecto con las llamadas escuelas charter en Estados Unidos, un modelo de transformación escolar que ha sido insistentemente rechazado en Puerto Rico.

Las escuelas líderes propuestas en el plan presentado por el presidente del Senado, Eduardo Bhatia serían el 15% de las escuelas públicas con mayor rezago escolar, según los resultados de las cuestionadas Pruebas Puertorriqueñas de Aprovechamiento Académico, y su administración sería concedida a una “alianza de innovación educativa”.

Pérez López consideró que las organizaciones sin fines de lucro que podrían ser parte de estas alianzas “no dejan de ser organizaciones privadas con intereses particulares”. 

La académica también estableció que todas las posibilidades de autonomía, selección de personal docente, compra de materiales y demás disposiciones están ya contenidas en la Ley Orgánica del Departamento de Educación, cuyo propósito establece “crear un sistema de Educación Pública basado en escuelas de la comunidad con autonomía académica, fiscal y administrativa”.

“¿Qué no se incluye en esa ley que sí está en este proyecto? Ceder la administración de las escuelas públicas a entidades no gubernamentales. Estamos ante un reforma educativa neoliberal”, sostuvo. 

Pérez López opinó que el modelo propuesto “genera un ciudadano individualista, consumista y competitivo” al servicio del mercado, representado en la Junta de Alianzas e Innovación Educativa, en la que formarían parte la Cámara de Comercio, la Asociación de Industriales, la Liga de Cooperativas y la Asociación de Colegios y Universidades Privadas de Puerto Rico.

La abogada y profesora de la Facultad de Educación Magda Sagardía llamó la atención sobre elementos aparentemente inconstitucionales, como el ceder la administración de escuelas públicas a entidades privadas.

“No se puede pretender por ley lo que la Constitución no está dando”, subrayó en referencia a la sección 5 del Artículo II de la Constitución en la que se establece que “no se utilizará propiedad ni fondos públicos para el sostenimiento de escuelas o instituciones educativas que no sean las del Estado”.

La trabajadora social del Instituto de Política Social de la Facultad de Ciencias Sociales Doris Pizarro mencionó, por su parte, que una verdadera autonomía supone una participación horizontal de todos los sectores de la comunidad escolar. 

“En este proyecto, el concepto de comunidad escolar se va fragmentando para distribuir funciones y roles a determinados sectores de la escuela”, expuso Pizarro.

Añadió que en términos de ciudadanía, definida como la facultad de todos los grupos para tomar decisiones sobre aquellos asuntos que les afecten, la medida también cojea.

Explicó que para hacer esa evaluación hace falta mirar si existe un supuesto de equidad, en cuanto a los sectores sociales que van a ejercer la política propuesta. “Eso no existe en este proyecto porque ese ejercicio se le da al contrato que tengan las escuelas líderes y a una persona adicional que es como un inspector que funciona paralelamente a la oficina del secretario”, destacó.

“Esta ley reduciría el poder de la comunidad escolar para tomar estas decisiones y que exista una verdadera autonomía”, sostuvo. 

El conversatorio universitario fue organizado por la Programa Doctoral en Trabajo Social y el Instituto de Política Social del recinto riopedrense.

Se espera que en las próximas semanas la Facultad de Educación del mismo recinto defina su postura sobre la medida.