A casi una semana de ser confirmada como Procuradora de las Mujeres, Lersy Boria señala una falta de colaboración en su oficina para que se lleve a cabo una debida transición en la que -además de temas administrativos y presupuestarios-, se le deje saber el estatus de casos legales que incluyen los pormenores que han proseguido a los referidos a diversas agencias que hizo su predecesora con relación a un alegado patrón de hostigamiento sexual cometido por parte del exdirector de la Compañía de Turismo, José Izquierdo II, contra tres féminas que laboraron en la agencia en el 2017.

Primera Hora solicitó una entrevista con la portavoz principal de la Oficina de la Procuradora de la Mujer (OPM) a fin de conocer si, finalmente, había leído el informe de una pesquisa que realizó esa agencia y la cual concluyó con pruebas “contundentes” que hubo acoso sexual por parte de Izquierdo II hacia las féminas a las que, se alega, hizo comentarios sexistas y hostigó con el uso de pornografía.

Este diario deseaba saber, además, cuál fue la reacción de Boria al conocer los detalles del informe que fue presentado por su antecesora, Carmen Lebrón, quien fungió como procuradora interina hasta el pasado 30 de junio.

Boria optó por enviar una declaración escrita, en la que no especificó si leyó el documento, aunque sí recalcó que su posición -desde que se llevaron a cabo las vistas de su confirmación- es catalogar como “altamente impropio e incorrecto de parte de OPM el discutir la interioridad de este caso públicamente”.

“Sin pretender atribuir culpas es necesario recalcar  que a dos semanas de mi designación, no ha habido una transición colaborativa en ningún aspecto fundamental, como es el presupuesto de la dependencia, el estatus de casos legales y la contratación de servicios a las víctimas”, expresó por escrito.

Sin abundar, agregó en las declaraciones que la prioridad de la OPM será siempre la protección, confidencialidad y dignidad de las víctimas pues, de lo contrario, las víctimas pueden desistir hacer denuncias o recibir ayuda por temor a represalias.

Precisamente, las tres alegadas víctimas de acoso sexual expresaron que tras denunciar los hechos se tomaron represalias contra ellas, lo que las obligó a renunciar a sus cargos. Así se desprende de la pesquisa por la OPM, según datos revelados por la exprocuradora, quien en una conferencia de prensa señaló a Alfonso Orona, principal asesor del gobernador Ricardo Rosselló, y a su asesor económico y representante ante la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Christian Sobrino, quien a su vez pertenece a la Junta Directiva de la Compañía de Turismo.

Los hallazgos de la OPM indicaron que los asesores en La Fortaleza pudieron incurrir en negligencia al no actuar con su deber ministerial al advenir en conocimientos sobre los hechos.

Aparentemente, según trascendió públicamente, las querellantes se reunieron con los abogados de profesión en junio de 2017 y les expresaron la alegada conducta inapropiada del entonces exdirector ejecutivo de Turismo, quien fue destituido de su cargo a principio de este año.

Asimismo, la pesquisa concluyó que el director de Recursos Humanos de la Compañía de Turismo, Jovani Narváez, nunca activó el protocolo establecido para los casos de hostigamiento sexual.

Los tres funcionarios -Orona, Sobrino y Narváez- fueron referidos al Departamento de Justicia y a la Oficina de Ética Gubernamental.

Trasciende declaración jurada

Primera Hora obtuvo copia de una declaración jurada que Narváez hizo para el 28 de diciembre de 2017 sobre los hechos asociados al acoso sexual. Boria tampoco quiso comentar sobre esta manifestación legal.

El documento, firmado ante el notario público Carlos O. Bermúdez Monroig, prácticamente está dirigido a exponer que el actual director de Recursos Humanos de la Compañía de Turismo, nunca recibió por parte de las tres exempleadas alguna queja, querella o expresión de un posible patrón de hostigamiento por parte de Izquierdo II.

En su declaración, Narváez se dedica a señalar punto por punto las instancias en que “estas empleadas (las tres querellantes) mostraron constante insatisfacción con su trabajo, quejándose en todo momento de las largas jornadas diarias a las que todos nos vimos expuestos durante el proceso de establecer la nueva administración y política pública de la Compañía”.

En el documento Narváez menciona varios ejemplos de esa acción “quejumbrosa” de las féminas, incluso de la insatisfacción que supuestamente tenía Izquierdo II con el desempeño laboral de ellas.

En cambio, a pesar de las quejas del que era entonces el más alto funcionario de esa compañía, Narváez nunca amonestó a las empleadas. Excusó su limitada acción ante las supuestas deficiencias laborales de las mujeres -y las que mencionó bajo juramento- exponiendo que  a su entender “siendo empleadas de confianza, de libre selección y libre remoción, lo que procedía si no daban el grado era retirarles la confianza”.

Pero, ojo, esto tampoco ocurrió y su única alusión al tema es, precisamente, en la declaración jurada que prestó cuando ya el escándalo era público.

Cabe señalar que tras hacerse pública la querella a inicio de este año, el secretario  del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) y presidente de la Junta de Directores de la Compañía de Turismo, Manuel Laboy, ordenó la destitución de Narváez, así como la de Saúl Suárez Flores (director de planificación y desarrollo en Turismo). En cambio, el gobernador Ricardo Rosselló los restituyó alegando que Laboy no tenía autoridad legal para ordenar el acto disciplinario. Posteriormente, Suárez Flores renunció a su cargo.

Niega despidos de investigadores del caso

A lo que Lersy Boria contestó sin reparos fueron a los señalamientos de que la OPM había prescindido de los servicios de un puñado de empleados que trabajaron en la pesquisa de Turismo.

“Es totalmente falso que personas involucradas en la investigación hayan sido relevadas de sus puestos. Totalmente falso. La mayoría regresó a sus puestos de carrera en posiciones administrativas y nada relacionadas a la investigación”, expresó rechazando cualquier despido, pero sí aceptando que los empleados -empapados del tema de la pesquisa, incluyendo la confianza que conllevó entrevistar a las víctimas y ganar su seguridad- ya no estarán relacionados a la misma.

Boria justificó la acción diciendo que los empleados por contrato, como la mayoría de los contratistas del gobierno, esperan por aprobación del presupuesto al concluir el año fiscal (a partir del 30 de junio).

“Implicar lo contrario, o que se debe a represalias, como han hecho algunas personas públicamente, es un claro desconocimiento de la operación de la agencia, o en su defecto, una denuncia irresponsable. No me presto, ni me prestaré para presiones de ninguna parte”,  puntualizó.