El Senado aprobó esta noche a viva voz el presupuesto de gastos recomendado para el gobierno de Puerto Rico para el año fiscal 2018-2019 de $8,709 millones, unos $40 millones por debajo del monto de $8,749 millones que solicitó la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

Sin embargo, las Resoluciones Conjuntas 353, 354, 355 y 366 no contemplan la derogación de la Ley 80 que requería la JSF, por lo que el ente ya adelantó que enmendaría los planes fiscales y si el presupuesto no cumple con sus expectativas el ente federal aprobará su propio documento que regirá las finanzas del gobierno el año entrante.

“Yo estoy dispuesto a enfrentarlos [a la Junta] en los tribunales… no podemos aceptar que unas personas que no tienen autoridad moral pretendan amenazarnos con destruirnos financieramente… No tengo ningún problema en enfrentar las consecuencias… y si no prevaleciéramos,  en el peor de los casos, puedo mirar a los puertorriqueños a los ojos y decirle que los defendí hasta el final, que no claudiqué, que no me vendí por un plato de lentejas, que no entregué la dignidad de pueblo por un bono de Navidad, porque no me sometí a la artimaña de poner a pelear a puertorriqueños contra puertorriqueños, porque para mí todos son importantes”, sentenció el presidente del cuerpo Thomas Rivera Schatz.

El líder senatorial dijo que la JSF no quiere entender que la facultad y poderes del pueblo para elegir al gobierno y autogobernarse están reconocido por el Congreso de los Estados Unidos.

Mencionó que la gente de Puerto Rico es pacífica y respetuosa de la ley, pero la JSF parece que ha confundido eso con la sumisión y cree que el pueblo tiene que humillarse y renunciar a sus derechos.

Dejó claro que la Ley federal Promesa no se aprobó “para que la Junta despojara de protecciones y derechos legislados a los puertorriqueños” ni para tomar como rehenes a los trabajadores públicos y privados.

Rivera Schatz mencionó que la “última amenaza hoy” de la Junta fue de que todo el dinero que tiene el gobierno estaría sujeto a revisión si la Asamblea Legislativa no deroga la Ley 80.

“Hoy, nadie de la Junta, ni el secretario del Trabajo… ni el del Estado… ni el de Hacienda… han presentado dato alguno que justifique que la derogación de Ley 80 producirá resultados positivos ninguno. No hay un solo dato económico que justifique la derogación de la Ley 80”, reiteró.

Sostuvo que la Junta no quiere la derogación de una ley “para crear empleos, sino para despedir”.

El senador ejemplificó que mientras la JSF quiere eliminar la mencionada ley, la directora ejecutiva de ese cuerpo, Natalie Jaresko, tiene en su contrato una cláusula tipo Ley 80.

“Si alguien quisiera hacerle el favor patriótico de despedir a la señora Jaresko, nos costaría $300,000. Esa es su mesada”, sentenció.

“Hoy, yo le digo a mi gobernador lo que dijo Pedro Rosselló: No podemos legislar para que los ricos sean más ricos y los pobres sean más pobres”, añadió.

Rivera Schatz cerró su alocución usando una frase del fenecido Don Luis A. Ferré: “La razón no grita, la razón convence”.

“Si no nos convencen, pueden gritar, fuerte, fuerte y fuerte, y en nosotros prevalece la razón. Así, que grite el que quiera gritar que a mí me convence solamente la razón”, sentenció.

Más temprano, la Cámara de Representantes también aprobó a viva voz el informe del comité de conferencias donde se dilucidaban las diferencias entre ambos cuerpos legislativos.

La presidenta de la Comisión de Hacienda del Senado, Migdalia Padilla, había expresado que el acuerdo se logró sin derogar la Ley 80 sobre despidos injustificados que requería el ente federal impuesto por el Congreso.

A tales efectos, en la tarde de hoy, la JSF anunció la recertificación de los planes fiscales del gobierno central y ciertas agencias gubernamentales por el incumplimiento del acuerdo que llegó el cuerpo federal con el gobernador.

Por esto, la Junta que controla las finanzas del País insistió en eliminar el bono de Navidad, asignar menos fondos para los municipios e infraestructura, y reducir el presupuesto de las ramas legislativa, ejecutiva y judicial, esta última con solo un 10% por tratarse del componente de seguridad pública.

En el caso de la Legislatura, anunciaron una disminución de $134.9 millones a $111.2 millones. Es decir, una reducción de $23.7 millones para el próximo año fiscal 2019.

En cuanto al presupuesto aprobado por el Senado, Padilla dijo ayer que contiene unos $69 millones para el bono de Navidad de los empleados públicos.

La senadora dijo también que el presupuesto que aprobarán no toca el presupuesto de la JSF. Añadió que el monto de $65 millones, incluye el aumento de $25 millones que solicitó el organismo federal.

El Senado recesó hasta mañana, hasta la 1:00 de la tarde.