En Estados Unidos se mercadea un producto en aerosol que supuestamente evita que las cámaras de fotomultas retraten los números de tablilla de los vehículos de motor, producto que la Policía no ha detectado aún en Puerto Rico.

El coordinador de asuntos de tránsito de la Policía de la Isla, el inspector Jorge Hernández Peña, advirtió ayer que la Ley de Tránsito prohíbe alterar las tablillas; que los números de todas las tablillas tiene que estar legibles.

“No hay una ley que prohíba el uso de esos aerosoles; eso no lo hay”, declaró Hernández Peña, quien sugirió que se legisle para vedar su uso en Puerto Rico.

El producto que vende por Internet bajo varias marcas es transparente, por lo tanto no “cubre” los números a simple vista.

La laca de brillo lo que hace es  reflejar la luz, o “flash” que emite la cámara cuando esta detecta una violación de ley y eso impide que la numeración aparezca en el retrato.

El artículo 243 de la Ley 22 establece que hurtar o mutilar, alterar o cubrir las tablillas de los vehículos de motor es un delito menos grave, sancionado con una multa no menor de $500 ni mayor de $5 mil.

“Conducir” un vehículo de motor con las tablillas de identificación alteradas, de manera tal que se cubra o impida la clara visibilidad de dichas tablillas,  es una falta administrativa que se castiga con $50 de multa.

De acuerdo con el oficial policiaco, siempre hay maneras de identificar el auto que esté quebrantando la ley, aunque se use el spray. Dijo que la Policía, por ejemplo, podría vigilar el paso del conductor al que nunca se le logra fotografiar el  número de la tablilla, detenerlo y hacerle pagar  las multas que evadió.

“Si el sistema (de Fotomultas) comienza a detectar ese problema, hay que buscar un remedio para corregirlo. Sería bueno que la Ley de Tránsito fuera específica en cuanto al spray”, insistió Hernández Peña, a tenor con lo difícil que sería determinar quién está “pintando” o no la tablilla del auto.

¿Por qué el sistema de fotomultas ha resultado tan polémico en Puerto Rico? 

Uno de los factores que se mencionan constantemente es que el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP)  falló en informar a la ciudadanía sobre el alcance del proyecto. No se hizo tampoco una campaña  educativa previo al inicio del piloto de los cinco años.

El defensor de los derechos del consumidor Gilberto Arvelo,  “Doctor Shoper”, sostuvo que el Gobierno no fue transparente en cuanto a los términos del contrato con la empresa que opera el sistema. El documento no se le entregó a la prensa  inmediatamente que lo pidió,  aunque luego se dijo que el contrato estaba en la Oficina del Contralor, desde diciembre de 2013. “Dijeron que ese contrato no tenía un costo para nosotros, el país,  pero en su página 13  dice que a la compañía se le garantizan $6 millones en el primer año”, afirmó Arvelo, quien proyectó los boricuas en ese perido tendrían que ser multados en $13 millones.

El representante novoprogresista Jorge Navarro Suárez cuestionó ayer que el contrato no se llevara a subasta.

Indicó que la ciudadanía está insatisfecha  porque entiende que el Gobierno lo persigue es sacarle dinero del bolsillo.

Navarro Suárez agregó que el DTOP violó la Ley de Tránsito, además, porque las cámaras se tenían que colocar en intersecciones de alto riesgo -con alta incidencia de accidentes- y el único criterio que se usó es el del flujo de vehículos.

Doctor Shoper ha ido más allá: ha afirmado que aquí lo qe se busca es entrampar al ciudadano decente, que puede terminar pagando por violaciones que no  cometió o no ha querido cometer. El secretario de Transportación y Obras Públicas, Miguel Torres, lo niega.

Mantener constante una velocidad de 15 millas por hora en zona escolar parece ser lo más difícil para conductores, particularmente si venían a 40.  El proyecto se inició también, según Arvelo, con una rotulación deficiente.

“¿Por qué en la 177 no pusieron un rótulo bien grande que dijera zona escolar, 15 millas?”, cuestionó.

Ayer, Arvelo celebró que el DTOP optara por no multar por exceso de velocidad a los conductores que viajan porel puente Dos Hermanos de El Condado. Ese cambio dijo que se debió a que en las redes sociales los jóvenes comenzaron a decir que ya no visitarían el Viejo San Juan; lo que sería una debacle para el comercio del casco histórico.

Las cámaras de fotomultas van próximamente para las avenidas Gándara y Universidad, aledañas a la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, y Doctor Shoper anticipó que el liderato estudiantil va a poner “el grito en el  cielo”. Opinó que eso también va a afectar al comercio de esa zona.