Pica y se extiende el meollo con los carretones sin utilizar de “Pa’ Mi Gente”.

Tras el reportaje publicado ayer por Primera Hora, en el cual se destaparon las deficiencias e irregularidades con el programa que se creó bajo la gobernación de Luis Fortuño en 2010, y enfocado en ayudar a personas desempleadas otorgándoles un quiosco rodante para que montaran sus propios negocios de venta al detal, surgieron más denuncias de ciudadanos informando sobre el aparente abandono de decenas de los llamados “food trucks” en pueblos como Toa Baja y Ponce.

Primera Hora había revelado - tras un recorrido el pasado 23 de abril- que en las inmediaciones de la oficina regional del Departamento del Trabajo en Carolina, había al menos 32 carritos a la intemperie y exponiéndose al deterioro progresivo por falta de mantenimiento.

Resulta que en el estacionamiento de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP), región de Bayamón, pero ubicado en el sector Sabana Seca en Toa Baja, hay otros 33 carretones en desuso.

“Nos quitaron el parking para poner esos carritos… Eso lo deben investigar, porque es pura politiquería”, dijo un empleado quien prefirió no identificarse y aseguró que las unidades móviles fueron ubicadas en ese lugar hace “tres o cuatro meses”.

Mientras, en una fábrica de muebles en Ponce hay otros 40 carretones, se indicó.

Primera Hora intentó otra vez establecer comunicación con los portavoces de la oficina de prensa del Departamento del Trabajo -Elliot Rivera y Vilmar Trinta- a fin de que Saavedera responda a las nébulas que rodean a “Pa’ Mi Gente”. 

Este programa recibió un nefasto informe por la Oficina del Contralor, cuyos auditores hicieron señalamientos serios que iban desde la falta de controles en el cuidado y protección de los quioscos, así como deficiencias relacionadas con los contratos otorgados para la adquisición de los mismos.

Según la pesquisa, realizada del 2 de abril de 2012 al 9 de agosto de 2013, la agencia compró 387 quioscos por $2.7 millones. De esos, se entregaron 353, pues unos 34 remolques permanecen al día de hoy en un taller en Canóvanas.

 Por el almacenamiento de esos 34 carretones hay una deuda de $1.2 millones, una cifra que sigue en aumento a razón de $45,000 al mes, según el contrato pactado.

Aponte quiere saber

Ante lo acontecido, el representante José Aponte Hernández, sometió una resolución para investigar el programa “Pa’ Mi Gente”, que dijo tiene el aval de Saavedra.

 “Existen serias dudas, como la que levanta el medio relacionado a que no aparecieron en el 2016 unos 53 carretones que, según la pasada administración, estaban disponibles en un lote en Carolina, pero cuando se revisó, estos en efecto estaban desaparecidos. Además, tenemos información de otras, muy serias, irregularidades bajo la pasada administración. Estas son algunas de las interrogantes que se tienen que atender. También tenemos que dialogar con los propietarios de estos carretones, aquellos que se acogieron al programa, para ver qué sucedió durante los pasados cuatro años y si los términos y condiciones que fueron la base para que adquirieran estas unidades se completaron o no”, indicó por escrito el legislador.