Tras presentar detalles del presupuesto de la JSF, Jaresko reaccionó con algo de sorpresa al anuncio hecho horas antes en el día por el gobernador Ricardo Rosselló, quien aseguró que el presupuesto que había firmado y que consideraba vigente fue el aprobado por la Legislatura, y no el que sometió la JSF.

“Es primera noticia para mí. Haremos todo lo que está en nuestro poder para hacer valer nuestro presupuesto certificado. Soy franca, no tengo un plan para esto. Pero lo que sí les puedo decir es que vamos a poner en práctica nuestro presupuesto”, afirmó Jaresko.

“Desafortunadamente, la corte es lo primero que me viene a la mente (para resolver la controversia). No estoy sugiriendo que voy a ir corriendo a la corte mañana (hoy) porque no quiero hacer eso. Vamos a dejar que pase el día, vamos a conversar esto, ver qué significa. Pero la Ley PROMESA es clara en términos del proceso para el presupuesto, para la certificación del presupuesto y cómo el presupuesto tiene que cumplir con el plan fiscal. Así que nuestra intención es ponerlo en práctica por la vía que sea necesaria. Pero obviamente antes tendremos un diálogo”, comentó Jaresko.

Ante la posibilidad de que la batalla por el presupuesto termine en la corte con un litigio extenso y costoso, Jaresko reiteró que el gobierno tenía que acatar el presupuesto sometido por la Junta.

“Aquí tenemos un presupuesto final. Es el presupuesto certificado por la Junta que describí. Ese ese el presupuesto final. Dije que no quisiera ir a la corte. He sido honesta respecto a eso. Sería un desafortunado uso de energías, esfuerzos, dinero de los contribuyentes, y un desafortunado uso de tiempo cuando tenemos muchísimo que hacer en la Isla. Habiendo dicho eso, si las cosas llegan a ese punto, la Junta está preparada para usar todas las herramientas que tiene a su disposición para asegurarse de poner en vigor su presupuesto”, recalcó Jaresko.

La directora ejecutiva de la Junta insistió en que ese ente no le quedó otra alternativa que someter su propia versión del presupuesto certificado, porque ni la propuesta del gobernador, ni la de la Legislatura cumplían con el plan fiscal. Destacó algunos ejemplos de las fallas en el plan de la Legislatura, como la ausencia de fondos para cumplir con proyectos de agua limpia y agua potable por la cantidad de $95 millones, o los fondos para cumplir con las horas de trabajo adeudadas a los policías, para lo cual el plan de la Junta separa $122 millones.

“La Legislatura incluso propuso un aumento de su propio presupuesto, en medio de un ambiente en que se está exigiendo disciplina fiscal”, resaltó Jaresko.

En cuanto al plan certificado sometido por la Junta, explicó que se hizo luego de reuniones con representantes del gobierno, para asegurarse de que refleje la realidad económica de la Isla, y dijo que mantenía la esperanza de que la Legislatura reconsidere y lo apruebe.

La propuesta de la Junta contiene un presupuesto consolidado que incluye a todas las agencias y corporaciones públicas, además del presupuesto para el fondo general. Dicho presupuesto consolidado comprende gastos por 20,700 millones para el año fiscal 2019. Las partidas mayores en ese presupuesto están asignadas a salud y bienestar social ($3,897 millones), familias y niños (2,567 millones), pensiones bajo el sistema conocido como ‘pay as you go’ ($2,541 millones) y educación ($2,454 millones).

El presupuesto del Fondo General en la propuesta de la junta para el año fiscal 2019 es 8% menor con respecto al año anterior, por una cantidad de $8,758 millones, con la mayor parte de esa suma destinada a educación, salud, seguridad, bienestar social y el pago de pensiones.

Entre otras medidas, el presupuesto de la JSF también tiene un fondo de $34 millones para los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, separado del dinero asignado a la universidad.

El presupuesto de la Junta, destacó Jaresko, no reduce los gastos en las agencias controladoras encargadas de promover la transparencia y velar por los fondos públicos, como la Oficina del Contralor y la Oficina de Ética Gubernamental.

De otra parte, el presupuesto no contiene sumas destinadas al pago de la deuda.

Como elemento novedoso, explicó Jaresko, el plan incluye una exigencia de que el gobierno y cada agencia sometan informes trimestrales financieros y de resultados, para así poder evaluar activamente la eficacia del presupuesto y la capacidad de cumplimiento del gobierno y las agencias con todas sus obligaciones, incluyendo los pagos de utilidades y pensiones.

Además, el gobierno y las agencias tendrán una restricción en los desembolsos que recibirán del Fondo General, de manera que el 5% de su presupuesto será congelado hasta el último trimestre y podría usarse para compensar con cálculos deficientes.

Por otro lado, la directora ejecutiva de la Junta celebró que el gobierno finalmente lograra publicar los estados auditados para el año fiscal 2015 y dijo que esperaba que se publicaran también los de 2016.

Jaresko aclaró que si bien sometieron un plan detallado, eso no significa que no se pueda modificar nada. “Los presupuestos se pueden enmendar. El dinero se puede reasignar. Aquí nada está escrito en piedra. Se puede hacer, siempre que sea consistente con el plan fiscal”.