La clase política puertorriqueña reaccionó hoy con reservas ante las dos propuestas de congresistaspara afrontar el problema de la millonaria deuda de $72,000 millones de la isla, al entender que merman la autonomía del Ejecutivo de San Juan.

Según los entrevistados, aunque admiten que las medidas podrían dar una solución a la deuda que asfixia la liquidez del Estado Libre Asociado, las propuestas chocan con su propia Constitución al entregar a Washington, en parte, la política financiera de la isla.

El comisionado residente Washington y presidente del opositor Partido Nuevo Progresista (PNP), Pedro Pierluisi, dijo hoy que las propuestas de los legisladores estadounidenses dejarían al gobernador de la isla en el papel de un mero "monigote", sin autonomía y a expensas de los dictados de Washington.

Pierluisi dijo que hay "aspectos positivos" en una de las propuestas, como reconocer el trato desigual a la isla en los programas federales de salud y la concesión de hasta $3,000 millones de dólares para ayudas para saldar compromisos financieros inmediatos, pero matizó que no se incluyen mecanismos para la reestructuración de la deuda.

El líder de la oposición se refería así al proyecto de los senadores Orrin Hatch, Charles Grassley y Lisa Murkowski anunciado el miércoles que establece la creación de la Autoridad para la Responsabilidad Financiera y la Asistencia Gerencial, la concesión de $3,000 millones para atender los problemas de liquidez y reducir del 6.2 % al 3.1 % las contribuciones al Seguro Social.

Los tres legisladores, que son, respectivamente, presidentes de los comités de Finanzas, Jurídico y Energía y Recursos Naturales del Senado, propusieron la puesta en marcha de un ente con la palabra final en el presupuesto, las corporaciones públicas y la dirección de los asuntos financieros de la isla.

Los miembros de la Autoridad para la Responsabilidad Financiera y la Asistencia Gerencial serían nombrados por el presidente de Estados Unidos en consulta con el Congreso de Washington y el jefe del Ejecutivo puertorriqueño.

La propuesta de los tres senadores no incluye que Puerto Rico pueda acogerse al Capítulo 9 de la Ley de Quiebras federal que desesperadamente pide el Ejecutivo puertorriqueño.

La segunda propuesta llegó del miembro de la Cámara de Representantes federal Sean Duffy, quien propone la creación de un Consejo de Estabilidad Financiera formado por cinco miembros designados por el presidente estadounidense con el consenso del Congreso.

Ese consejo, que tendría la facultad de aprobar presupuestos y de imponer un plan fiscal a 3 años, debería ser aprobado por legislación local en Puerto Rico y permitiría el acceso de la isla al capítulo 9 de la Ley de Quiebras federal.

El presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, Rafael Hernández, dijo sobre las propuestas que lo que queda claro es que cualquier negociación implica que el Gobierno federal pase a controlar las finanzas de la isla.

El aspirante a convertirse en el candidato a la gobernación del opositor PNP a las elecciones generales de noviembre de 2016 Ricardo Roselló recordó la presentación hace semanas a legisladores en Washington de un modelo de entidad que supervisara desde la capital estadounidense la gestión de la deuda de Puerto Rico.

Roselló dijo no estar del todo de acuerdo con la propuestas que llegan de Washington y que cualquier solución pasa porque se respete la autonomía del Ejecutivo puertorriqueño.

El portavoz del Gobierno de Puerto Rico para Asuntos Públicos, Jesús Manuel Ortiz, indicó que las propuestas que llegan de Washington muestran que desde la capital puertorriqueña se toma en serio el asunto de la deuda de la isla y que el Gobierno seguirá trabajando para alcanzar una solución.

El Ejecutivo puertorriqueño negocia en Washington que se apruebe en el Congreso legislación que incluya algún tipo de solución a sus problemas de liquidez y la preferencia es que la isla pueda incluirse en el capítulo 9 de la Ley de Quiebras federal.

El Gobierno de Puerto Rico pretende que el acuerdo con el Congreso se alcanza de forma inmediata para que se incluya en la pieza legislativa en la que integran todas las asignaciones federales para cada año fiscal, el llamado "Omnibus bill", y que tiene de límite mañana, aunque la prensa apunta que por problemas de agenda la fecha podría retrasarse unos días o, incluso, hasta después de las fiestas navideñas.