Nuevas medidas de austeridad se avecinan para Puerto Rico a medida que una junta federal de control que supervisa las finanzas de la isla se prepara para aprobar varios planes fiscales esta semana que fungirán como su plan económico para los próximos cinco años. 

Los planes dados a conocer el miércoles piden un recorte promedio del 10% a un sistema de pensiones que enfrenta pasivos por casi $50,000 millones. También pretenden el cierre de cárceles, la consolidación de docenas de agencias estatales y reducciones significativas en subsidios gubernamentales a los 78 municipios de la isla y a la mayor universidad pública de Puerto Rico. La junta dijo también que el gobierno puertorriqueño debería recortar a la mitad el pago de salarios por enfermedad y por vacaciones. 

José Carrión, presidente de la junta, consideró que los planes ofrecen una oportunidad que sólo se presenta una vez en una generación para hacer las cosas bien y revertir estas tendencias, aludiendo a los años de declive económico, solicitud excesiva de préstamos y mala administración fiscal, a lo cual siguió la devastación provocada por los huracanes Irma y María el año pasado. 

El plan fiscal para el gobierno central de la isla calcula que Puerto Rico recibirá más de $50,000 millones en fondos federales para ayudar a reconstruir lo destruido por el huracán María, que dejó docenas de muertos y provocó daños por aproximadamente $100,000 millones cuando azotó el 20 de septiembre. El plan también anticipa un superávit de más de $6,000 millones a lo largo de cinco años mientras la isla pasa apuros para reestructurar una porción de su deuda pública superior a $70,000 millonesen medio de una recesión de 11 años. La deuda financiera de Puerto Rico y los pasivos de las pensiones son de casi el doble del tamaño de su economía. 

La junta indicó que el gobierno necesita consolidar sus 114 agencias en 22 grupos, así como consolidar las estaciones de policía y reemplazar a agentes que realizan labores civiles con personal civil menos costoso. 

Se prevé que la junta se reúna el jueves y el viernes para aprobar los siete planes fiscales, incluidos los destinados a las compañías de electricidad, de agua y drenaje de Puerto Rico. El gobernador Ricardo Rosselló ha dicho que su gobierno no aprobará recortes a las pensiones ni ordenará despidos. 

A algunos les preocupa que los cálculos financieros de la junta sean demasiado optimistas. 

El economista José Caraballo le dijo a The Associated Press que la ayuda prometida por las autoridades federales podría no materializarse, lo que dejaría a la isla con menos dinero de lo anticipado. 

Dijo también que los despidos son inevitables, a pesar de que ninguno de los planes fiscales dados a conocer el miércoles los menciona específicamente. 

Con relación a otros asuntos económicos, la junta dijo que el gobierno de Puerto Rico debería hacer que la entrega de un bono navideño a los empleados sea opcional, y permitir que los empleadores despidan a trabajadores sin tener que demostrar una causa justa. Pidió que el salario mínimo para los trabajadores de 25 años o más aumente en 25 centavos la hora, y dijo que el gobierno debería imponer inmediatamente un requisito de constancia de trabajo para tener acceso a un programa de asistencia nutricional e incrementar la tasa de participación en la fuerza laboral, la cual se ubica en 42%, la séptima más baja en el mundo. 

Se prevé que estas y otras medidas de reforma laboral generen unos $460 millones en ahorros en los próximos cinco años, señaló la junta. 

Dijo también que el gobierno debería mejorar la entrega de permisos de construcción y facilitar el registro de propiedades y el pago de impuestos. Hizo notar que se requieren 191 días para registrar una propiedad en Puerto Rico, en comparación con 12 días en el territorio continental de Estados Unidos. Asimismo, se necesitan 22 procedimientos y 165 días para obtener un permiso de construcción en Puerto Rico, en comparación con cinco procedimientos y 89 días en Estados Unidos.