Nuevos cargos por los delitos de asesinato en primer grado y violaciones a la Ley de Armas fueron presentados hoy, martes, contra tres individuos identificados por las autoridades como miembros de una narcopandilla que operaba en el residencial Enrique Landrón, en Corozal. 

Kevin Padilla Alicea, de 25 años, alias Siete Pisos, así como Rubén Vázquez Viust, apodado Hormiguita, fueron excarcelados para enfrentar cargos por el crimen de Carlos García Torres, ocurrida el 2 de diciembre en la gasolinera LG Service Station, en Corozal. En ese letal ataque a tiros también resultó herido de bala un hombre de 24 años .

Por el asesinato de García Torres también fue acusado en ausencia Wilfredo Rivera López, conocido como Nené, quien se encuentra prófugo de la justicia. Se ha señalado que el fugitivo está en Estados Unidos. 

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Vázquez Viust, se encuentra en el Centro de Detención Metropolitano ya que se le revocó su libertad condicional tras ser acusado por violación a la Ley de Armas. En esa prisión federal también está detenido Padilla Alicea.

La jueza Jéssica Morales evaluó la prueba presentada contra Padilla Alicea y Vázquez Vius y fijó una fianza global de $10.8 millones por cargos de asesinato, conspiración y violaciones a la Ley de Armas.

El teniente José Luis Ortiz, director del Cuerpo de Investigación Criminal de Vega baja identificó a García Torres como miembro de un grupo rival de la organización donde militaban los imputados. La víctima estaba armada con un rifle al momento de su muerte, según señaló la Policía. 

El caso ha sido investigado por el agente Ismael Ferrer, de la División de Homicidios, mediante consulta con la fiscal Lorraine Lotti. 

La semana pasada se le presentaron cargos a Siete Pisos, Hormiguita y Nené, junto al líder de la organización, Edwin Rojas Rojas, a quien apodan Chire, por el asesinato de Juan E. Rosado Burgos, de 28 años, ocurrido el 18 de febrero del 2014, en la calle 5 de la urbanización María del Carmen en Corozal. Por este crimen, la jueza María Rodríguez, del Tribunal de Bayamón, les señaló una fianza total de $12.4 millones.

Estos individuos se encontraban encarcelados tras haber sido acusados por la posesión de potentes armas de fuego ocupadas el 22 de febrero durante un allanamiento en una residencia del barrio Mavilla en Corozal y con las que se sospecha se han cometido varios asesinatos.

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