Tras una extensa vista que se prolongó por casi cinco horas, el magistrado federal Marcos López se reservó esta noche su determinación sobre la solicitud del alcalde de Río Grande, Eduard Rivera Correa, acusado de cargos de corrupción, de que se le conceda salir en libertad bajo fianza.

El magistrado le dijo a las partes que emitiría el fallo a través del sistema electrónico del tribunal.

Rivera Correa está confinado en el Centro de Detención Metropolitano (MDC, por sus siglas en inglés), en Guaynabo desde el pasado viernes cuando se le radicaron las acusaciones federales.

Cuando era escoltado por los alguaciles a su salida por el pasillo del Piso 10 del Tribunal Federal, el suspendido alcalde popular, encadenado y vestido con mameluco de preso kaki, sonrió a familiares y allegados que llegaron hasta la corte para apoyarlo. Entre ellos, estaban el presidente de la Asociación de Alcaldes, Josean Santiago y el senador por el distrito de Carolina, Pedro Rodríguez.

El fiscal Charles Walsh se opuso a la solicitud de fianza e intentó establecer en la vista que Rivera Correa constituye un peligro para la comunidad y un riesgo de fuga con las grabaciones de siete conversaciones telefónicas entre el alcalde y un contratista ocurridas en 2012. En las conversaciones el alcalde hace referencia en tono amenazante al abogado y coacusado en el caso, Alejandro Gabriel Carrasco Castillo y a un empleado del Municipio de Barceloneta, que solamente fue identificado como “Pumarejo”.

Walsh sentó a declarar al agente especial del Negociado de Investigaciones Federales (FBI por sus siglas en inglés), Edwin López y al auditor de la Oficina de Ética Gubernamental, José Morales Algarín.

López identificó las grabaciones de las conversaciones entre Rivera Correa y el contratista. “Si yo lo cojo lo mato. Ese lo que es un cab—- de la vida, un traicionero”, dijo el alcalde en una de las conversaciones grabadas, supuestamente aludiendo a Pumarejo.

A preguntas de uno de los abogados de defensa, Rubén Morales Olivero, el testigo admitió que no tenía conocimiento de detalles específicos del caso.

Morales Olivero le preguntó de dónde provenían los rumores en torno a la colaboración de Carrasco con las autoridades federales y el agente dijo que se lo había dicho el agente investigador del caso. Cuando le preguntó cómo el agente se enteró, el testigo indicó: “No puedo decir de donde lo sacó o si él se lo inventó”.

El segundo testigo de la fiscalía, Morales Algarín declaró que los estados bancarios del alcalde no presentaban ingresos o depósitos en exceso. El testigo indicó que entre los depósitos había ganancias de juegos de casino de tres hoteles por más de $242 mil.

No obstante, sostuvo a preguntas de otro de los abogados defensores, Antonio Bauzá, que en sus análisis no encontró ningún ingreso ilegal.

 Según la acusación, entre febrero de 2010 y febrero de 2012, el alcalde recibió aproximadamente $39,000 en pagos en efectivo de una persona identificada en la acusación como "Contratista A".

Los pagos que hacía este contratista a Rivera Correa eran con la intención de influenciar los negocios que hacía con el Municipio. Uno de los contratos por inspección de trabajos de construcción fue por $98,000 y otro por $171,000, e incluían la posibilidad de renovaciones futuras.

Rivera Correa supuestamente intentó extorsionar al contratista y le exigió $4,000 en efectivo para comprar boletos para una cena política a cambio de continuar haciendo negocios con el municipio de Río Grande.

Los cargos por obstrucción a la justicia se refieren a amenazas que se alega hizo el alcalde al empresario en cuestión en conversaciones que están grabadas. En las mismas, el alcalde trató de detenerlo de hablar con las autoridades y ante un gran jurado federal.

El abogado Carrasco, entretanto, era asesor legal de los municipios de Río Grande, Barceloneta y Juncos, y enfrenta cuatro cargos por soborno relacionado a programas que reciben fondos federales de los tres municipios. También tuvo o tiene contratos con los municipios de Trujillo Alto, Yabucoa, Luquillo y con el senador Jorge Suárez, del distrito de Humacao.

La acusación detalla que el abogado solicitó pagos al contratista en varios ocasiones, disimulados como honorarios legales, para influenciar los negocios que el empresario hacía con varios municipios.

Finalmente, se estipuló el testimonio de 26 testigos de la defensa, entre ellos, familiares, amigos, comerciantes y una maestra del alcalde, de que el acusado es una buena persona incapaz de hacer daño.