La defensa de William Rodríguez, convicto por violar a una estudiante norteamericana, alega que el hombre se merece un juicio nuevo porque la alegada víctima mintió bajo juramento cuando negó su intención de radicar una demanda por daños y perjuicios causados por su agresor.

Recientemente, la universitaria radicó ante el foro federal una demanda por daños contra el condominio que contrató al guardia de seguridad exigiendo una indemnización de $4.7 millones.

Esta acción, según los abogados del expolicía, constituye prueba nueva que pudo haber influenciado la decisión de jurado, que de forma unánime encontró a Rodríguez culpable de un cargo de agresión sexual.

También mina la credibilidad de la víctima, quien durante el juicio negó a preguntas de los abogados de la defensa su interés en exigir una compensación por los daños sufridos.

El ministerio público rechaza este argumento. Asegura que la víctima ejerció un derecho a reclamar daños y que esta acción no constituye una admisión de una mentira. Solo implica que la víctima cambió de opinión.

Además, insiste en que este hallazgo no hace probable un resultado distinto al obtenido en el juicio y que la petición de la defensa no cumple con los criterios establecidos en las Reglas de Procedimiento Criminal.

¿Quién tiene la razón? Compete al juez Enrique Arias Maldonado, del Tribunal de San Juan adjudicar la controversia.

Hoy durante una vista argumentativa para atender la moción de nuevo juicio, el abogado Juan Albino González afirmó que la nueva prueba no es meramente impugnatoria sino que lacera la credibilidad de la única testigo presencial del caso y socava la confiabilidad del veredicto.

Al defender su posición, el letrado mencionó el vídeo de las cámaras de seguridad del edificio donde la estudiante alegó ocurrió la violación, que se presentó como evidencia en el proceso judicial.

Apuntó que en ese vídeo se observa a la joven abrazar a Rodríguez antes de subir al elevador y también cuando baja las escaleras apoyada del supuesto agresor tras la agresión sexual.

Subrayó que el médico que evaluó a la universitaria no encontró signos de violencia en su cuerpo. El ministerio público alegó en la acusación que el hombre utilizó la fuerza para violar a la joven.

También recordó cuando la joven negó su intención de demandar y de estar acompañada de un abogado, pese a que el juez Enrique Silva Avilés, quien atendió el caso en la etapa de vista preliminar realizó una anotación en el expediente de la presencia de un abogado en sala durante ese proceso.

De acuerdo con Albino González, quien comparte las labores de defensa con el licenciado Eduardo Otero Ortiz, el licenciado Ricardo Casellas estuvo en sala durante la vista preliminar y ahora aparece como uno de los abogados que representa a la alegada víctima en la demana por daños.

 “La teoría del ministerio público es que ella nunca tuvo razón para mentir”, señaló el abogado.

“Pero ella (la víctima) escondió bajo juramento un posible móvil que se venía fraguando desde la vista preliminar. Ya esa intención está ahí. Ella quería sacar provecho económico”, agregó.

En su alocución, Albino González reiteró que si el jurado hubiera tenido la información de la demanda “lo probable es que el veredicto hubiera sido distinto”.

Al replicar, la fiscal Nilsa Álvarez Montalvo de la Unidad Especializada de Violencia Doméstica, Delitos Sexuales y Maltrato a Menores, planteó que la petición no cumple con lo establecido en el artículo 188A de las Reglas de Procedimiento Criminal, que exige que se demuestre que el veredicto fue contrario a derecho o contrario a la prueba desfilada, entre otros criterios.

Apuntó que la alegada nueva prueba no constituye elementos del delito y solo persigue impugnar el testimonio de la víctima, cuya credibilidad ya fue adjudicada por el jurado que evaluó los hechos y que determinó de forma unánime la culpabilidad del hoy convicto.

Citando extractos de casos previos resueltos por el Tribunal Supremo, recordó que existe una preocupación de conceder un juicio nuevo bajo los argumentos de la defensa porque vulnera las determinaciones judiciales de los tribunales de primera instancia.

“Y sobre el vídeo (y las imágenes que capturó), ¿nos preguntamos quién mintió?”, concluyó la fiscal Álvarez Montalvo, quien lleva el caso junto a la fiscal Germaine Báez Fernández.

El juez Arias Maldonado informará su determinación por escrito. Por lo pronto, fijó la lectura de sentencia de Rodríguez para el 29 de mayo. Pero aclaró que esta fecha es tentativa porque está sujeta a decisión del juicio nuevo.

A su salida de sala, tanto la defensa como el ministerio público se mostraron confiados en que prevalecerán.