El Departamento de la Familia obtuvo este sábado la custodia permanente del infante Jesús Joel Ortega, quien fue secuestrado en la tarde del jueves por la pareja sentimental de su progenitora en Vega Alta, y de su hermano adolescente de 16 años.

Los menores serán ubicados en hogares de crianza, según informó la Administración de Familias y Niños (Adfan). Esta dependencia había obtenido la custodia de emergencia de ambos, según informó Lynette Moreno, portavoz de la Adfan.

Según la información revelada por Policía, la madre del menor, identificada como Deborah L. Ortega González, había llegado con Waldemar Quintana Torres a una farmacia en Vega Alta y cuando salió al estacionamiento, junto a su otro hijo de 16 años, el hombre se había marchado en su vehículo sin avisarle y con su hijo de un año.

El exconvicto Quintana Torres, de 36 años, quien dijo tener una relación sentimental con la madre del menor desde hace tres semanas tras supuestamente conocerse en un centro de rehabilitación, fue acusado anoche por cargos de secuestro agravado, maltrato de menores, agresión contra un agente del orden público (ya que mordió a una sargento al momento de su arresto) y apropiación ilegal de un vehículo de motor.

La jueza María Luz Rodríguez Cruz, de la Sala de Investigaciones de Bayamón determinó causa para su arresto y le señaló una fianza de $5 millones la cual no prestó por lo que fue ingresado en prisión.

La vista preliminar fue señalada para el 14 de abril.

El menor fue recuperado ileso en el callejón Los Robles en Guaynabo, pero estaba en pañales y no tenía ropa puesta.

Sobre la condición de salud del infante, Moreno detalló que se encuentra en buen estado.

La funcionaria aclaró que la agencia había recibido tres referidos contra la progenitora de los menores, el primero en el 2012 y dos adicionales en el 2013, los cuales se investigaron juntos.

La primera ocasión, Moreno explicó que cuando el trabajador social acudió a la dirección donde supuestamente residía, nadie en el vecindario conocía a Ortega González.

Un año después, cuando se presentaron las otras dos denuncias, familiares de la fémina les indicaron que se encontraba recluida en un centro de rehabilitación en Morovis.

Durante una visita al centro, personal de Adfan corroboró que el niño pequeño estaba con ella, y como era un centro en el que se le brindaba comida y operaba con las facilidades adecuadas, decidieron dejarlo bajo la custodia de la progenitora.