Los dueños de la armería Lawman Gun Shop arrestados ayer, jueves, por agentes federales, continuarán detenidos en el Centro de Detención Metropolitano (MDC, por sus siglas en inglés), en Guaynabo, hasta que se determine si les conceden o no libertad bajo fianza.

Juan Matos de Juan, abogado de Julio Colón Santiago y de su esposa María del Carmen Rivera Negrón, intentó infructuosamente que sus representados no tuviesen que pasar el fin de semana en MDC, pero el magistrado federal Bruce McGiverin decidió dejarlos detenidos temporeramente en lo que evalúa el caso y toma una determinación.

Los acusados -que estuvieron en sala esposados y con mamelucos de presos-, junto con el abogado notario Antonio M. Peluzzo Perotín, quien fue detenido en diciembre pasado, enfrentan 490 cargos por supuestamente llevar a cabo un esquema para gestionar licencias fraudulentas de portación de armas a por lo menos 1,300 personas -de las cuales al menos una era convicto por narcotráfico en Florida- cobrando entre $1,000 y $1,500 por solicitud, sin tener que ir a tribunales ni seguir el proceso legal para obtener el permiso.

En la vista de fianza que se llevó a cabo esta tarde, el fiscal federal Luke Cass indicó que la evidencia contra los acusados es "bien sólida" con más de 3,000 documentos. Opinó que el matrimonio representaba un potencial peligro a la comunidad "con sus acciones" al diligenciar más de 1,000 permisos de portación de armas ilegalmente y que tenían acceso directo a la Comandancia de Bayamón, que, supuestamente, les ayudaba a hacer las gestiones a cambio de "donas, pitorro y café", mencionaron ayer las autoridades federales.

Cass agregó que cuando agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) allanaron la armería de la pareja ubicada en Bayamón, encontraron 197,000 municiones.

Matos planteó que el negocio era una armería, no una tienda de efectos de vehículos, por lo que habían municiones y armas. Destacó que, como cualquier armería, ayudaban a personas a sacar permisos de portación de armas, pero que ya le revocaron la licencia de armero y les confiscaron el negocio y todo lo que había, por lo que no tienen acceso a nada de eso. Indicó que ninguno de los dos tiene historial criminal, además de que el informe del oficial probatorio recomendaba que se les permitiera salir bajo fianza con condiciones.

El abogado recalcó además que desde que el abogado de la armería fue detenido y se hizo el primer allanamiento del local en diciembre, sus clientes pudieron huir, pero no lo hicieron, por lo que aseguró que comparecerán a las vistas en el Tribunal Federal. Señaló además que la sala estaba llena de familiares y allegados, todos dispuestos a prestar sus propiedades como garantía de fianza.

Cass indicó que la persona convicta a la que le consiguieron el permiso de portación de armas, Amador Aulet Ramos, fue a la armería a acompañar a su esposa quien quería sacar el permiso, y que fueron los mismos acusados los que le ofrecieron gestionar la licencia para él. Que él les advirtió que era convicto, pero ellos les dijeron que podían resolverle.

"Él se quedó sorprendido cuando ellos se la ofrecieron", planteó el fiscal, quien aseguró que la investigación continúa.

De hecho, Aulet Ramos hizo alegación de culpabilidad el 12 de marzo pasado por ser una persona convicta en posesión de armas de fuego y llegó a un acuerdo con la fiscalía federal para cumplir tres años de probatoria. Los primeros seis meses deberá cumplirlos bajo arresto domiciliario y cumplir con 100 horas de servicio comunitario.

McGiverin señaló que la vista no era para determinar si los acusados eran culpables o no, pero "si son culpables, han contribuido a que Puerto Rico sea más peligroso y posiblemente personas han muerto por esto, eso es una realidad".

Opinó, sin embargo, que posiblemente no continúen siendo un peligro a la comunidad porque ya no tienen su negocio y el inventario fue confiscado. Dijo además que posiblemente muchas de las personas que gestionaron las licencias con esta armería pensaron obtener una licencia de buena fe y legítima, y lo que obtuvieron fueron licencias ilegales.

El magistrado determinó evaluar el caso y adelantó que emitirá su decisión la semana que viene, pero que los acusados se mantendrán bajo detención temporera.

El abogado pidió que considerara la posibilidad de mantenerlos bajo arresto domiciliario en lo que emite el fallo, pero McGiverin lo denegó.

De ser encontrados culpables, los acusados podrían enfrentar una pena máxima de 15 años de cárcel por la falsificación de documentos de identificación, cinco años por falsificación de documentos de tribunales, cinco años por conspiración, dos años por cada uno de los casos de robo de identidad y 10 años por ayudar a una persona convicta de delito grave a poseer y portar un arma de fuego.