La investigación federal sobre miles de licencias fraudulentas de armas de fuego se dirige hacia la comandancia de la Policía en Bayamón.

Al ofrecer detalles sobre las dos personas que arrestaron hoy por el alegado esquema para obtener licencias falsas en la armería Lawman Gunshop en Bayamón, la jefa de la fiscalía federal en Puerto Rico, Rosa Emilia Rodríguez, indicó que el próximo paso de la investigación buscará averiguar si hubo algún tipo de participación en la mencionada comandancia, a donde los acusados iban a buscar las licencias aprobadas.

Tres meses después de que se allanara la misma armería y se arrestara al abogado Antonio Peluzzo Pertin, los agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) regresaron hoy para ocupar el local comercial y su inventario de miles de armas y municiones. El pliego acusatorio ya incluía la confiscación de $1.8 millones en efectivo y varios vehículos de lujo.

Rodríguez informó en conferencia de prensa que el operativo de hoy respondió a una enmienda de la acusación original, que llevó al arresto del dueño del local, Julio Colón Santiago, y su esposa María del Carmen Rivera Negrón.

Como parte del caso, la fiscalía confiscó varios autos, el local comercial ubicado en la urbanización Santa Rosa de Bayamón y el inventario de miles de armas y municiones.

La acusación incluye 490 cargos que describen un esquema administrado por los imputados desde el negocio Lawman Gunshop para crear licencias falsas de portación de armas.

El fiscal federal José Capó dijo que el FBI ha corroborado que 1,300 licencias fraudulentas se procesaron en dicha armería, aunque entiende que miles más pudieron haber sido tramitadas a través de la organización.

"Como parte del esquema, Lawman Gunshop cobraba entre $1,000 y $1,500 por solicitud. Colón Santiago y Rivera Negrón le pagaban al abogado (Peluzzo) $480 por licencia falsa. El resto del dinero era para ellos dos y la armería", señaló Rodríguez.

"La armería, a través de sus dueños y el abogado, se encargaban de todo el trámite para conseguir las licencias fraudulentas para sus clientes", agregó. "La armería les proveía facturas a sus clientes que detallaban los servicios que supuestamente ellos ofrecía: fotocopias, afidavits, sellos, cargos de Hacienda, servicios de intermediarios y certificados médicos. Estos servicios nunca fueron prestados", explicó.

Los acusados cobraban $75 por tramitar las solicitudes en el Tribunal de Bayamón, pero los documentos nunca eran sometidos a la secretaría, por lo que los clientes no tenían que comparecer a la corte, ni proveer otros documentos que requiere la Ley de armas de Puerto Rico.

Rodríguez explicó que esa misma ley establece que el proceso incluye trámites en la comandancia de la Policía que corresponde al lugar de residencia del solicitante. Sin embargo, los acusados llevaban las solicitudes a la comandancia de Bayamón, sin importar dónde residía el cliente. De hecho, Rodríguez dijo que la investigación les llegó desde Humacao, por parte del agente Joaquín Correa Ortega y el sargento Víctor Pérez, quienes fueron baleados durante una intervención esta semana.

"(Los acusados) evitaban que los clientes llevaran las solicitudes en persona a las comandancia que les tocaba por su lugar de residencia. Igualmente, los acusados buscaban las solicitudes de los clientes, en persona, cuando estas estaban listas", relató Rodríguez.

Tras los “regalitos” en comandancia de Bayamón

"A su vez, los acusados le hacían regalitos entre otros", añadió la jefa de fiscales haciendo el gesto de entre comillas con sus manos, al mencionar la palabra "regalitos". "Le daban propinas al personal de la comandancia de Bayamón. Por ejemplo, les llevaban pitorro, les regalaban café, les llevaban comida, les llevaban donas y otras cosas… y esas otras cosas son las que surgen como parte de nuestra investigación y la fase tres de este caso, que obviamente continúa", adelantó.

A preguntas de la prensa, la fiscal dijo que "en estos momentos" no se puede afirmar que en la comandancia de Bayamón se tuviera conocimiento de que los trámites respondían a un esquema ilegal porque es parte de la investigación en curso.

"Pero, analicen ustedes los hechos como tal. Allí se llevaban solicitudes de toda la Isla, no sólo de Bayamón y ese es uno de los requisitos, que tiene que ser en el lugar de residencia. Con eso le contesto", indicó Rodríguez.

Aunque es parte de la investigación si ha habido algún tipo de soborno, advirtió que esos "regalitos" representarían algún acto ilegal si "están pidiendo favores para que miren a un lado y no se lleve a cabo el proceso de forma, como lo requiere la ley y el reglamento de la Policía y todo el procedimiento para conseguir una licencia de armas".

"Decimos regalitos porque, inclusive, esa es la palabra que se usa en la acusación, y esa es la evidencia que tenemos", mantuvo.

Asimismo, dijo que el superintendente de la Policía, James Tuller Cintrón, ya designó personal para atender el informe federal sobre las miles de personas que tienen licencias fraudulentas.

Rodríguez dijo que, por el momento, solamente tienen intención de proceder contra una de esas personas, por tratarse de un exconvicto de delito grave, quien obtuvo una pistola y una escopeta gracias a los acusados.

En cuanto a los demás que obtuvieron licencia fatulas, les recomendó que se comuniquen con las autoridades estatales para hacer los arreglos para que sus licencias estén en ley y aclaró que es a la Policía a quien le corresponde atender ese asunto. No obstante, Rodríguez dijo que no quería generalizar, pero manifestó que se le hacía difícil creer que esos clientes no se dieron cuenta de que el procedimiento era irregular.

De ser hallados culpables, los acusados enfrentan una condena máxima de 15 años de cárcel por la falsificación de las documentos de identificación, cinco años por falsificación de documentos de tribunales, cinco años por conspiración, dos años por cada caso de robo de identidad y 10 años por ayudar a una persona convicta de delito grave a poseer y portar un arma de fuego.