El mensaje del Departamento de Educación a todos los padres de los estudiantes es que tengan paciencia porque el sistema educativo público apenas comienza a levantarse. 

El problema es que no todos los estudiantes se afectan de la misma manera y ahí entran en escena los cerca de 160,000 inscritos en la corriente de educación especial.

Ayer, la agencia anunció que las regiones educativas de San Juan y Mayagüez comienzan el lunes con la convocatoria de docentes y personal administrativo, pero ni ese anuncio disipó las preocupaciones de proveedores y padres que se manifestaron hoy frente al Centro de Mando del Gobierno en Miramar. ¿Su exigencia? Que les den información.

Educación ha anunciado que las escuelas de las regiones de Ponce y Bayamón reabrirían la semana que viene. Las últimas regiones pautadas para abrir son las de Humacao y Arecibo, precisamente los puntos de entrada y salida del huracán María.

Mientras, corre el tiempo y los estudiantes de educación especial, cuyo desarrollo se afecta en la medida en que no están expuestos continuamente a las terapias, siguen en el limbo.

No obstante, esta tarde, Eliezer Ramos Parés, secretario asociado de educación especial, indicó a GFR Media que siempre y cuando el terapista esté presente en el plantel, se brindará desde el mismo martes las terapias a los estudiantes. Indicó que se procede, de igual manera, con los terapistas con lo que se conoce como el remedio provisional, que son terapias que se coordinan con los padres fuera del plantel.

Una de las principales preocupaciones de los padres gira en torno a la posibilidad de que se fusionen planteles, lo que obligaría la mudanza de una cantidad incierta de estudiantes de la corriente de educación especial. Por ejemplo, tanto en la región de San Juan como en Mayagüez, 17 escuelas recibirán estudiantes de otros planteles.

“Los estudiantes tienen su Programa Educativo Individualizado. Es un plan que funciona para ti como individuo y tiene unas condiciones. Si vas a fusionar escuelas o grupos vas a crear un problema de ubicación”, dijo José Torres Valentín, abogado en la demanda de clase de educación especial. “Estamos solicitando que se respete esa ubicación de los estudiantes”.

Lady Raquel Morales es una de esas estudiantes en riesgo. Su madre, Jeannette Morales, contó que su hija de 12 años, estudiante de la escuela elemental urbana, en Guaynabo, será movida a la escuela Rafael Martínez Nadal. Según ella, no está “apta” para recibir a estudiantes con diversidad funcional. Describió las terapias y la escuela como “el mundo” de su hija.

“Yo nunca he recibido un comunicado oficial sobre cómo se va a trabajar la situación de mi hija”, dijo. Su hija presenta diversas condiciones como Síndrome Down, microcefalia y desorden sensorial.

Una de las incógnitas entre la comunidad de terapistas que brinda labores en escuelas públicas en el país es por qué la agencia no los “autorizó” a brindar terapias a estudiantes durante este pasado mes en que no hubo clases. Así lo denunció Víctor Moreno, presidente de la Asociación de Profesionales de Proveedores de Servicios de Terapia, quien alertó sobre el peligro de que un estudiante de educación especial vea interrumpidas sus terapias por tiempo prolongado, como puede ser un mes.

Según dijo, pierden destrezas aprendidas con gran facilidad.

La respuesta de Ramos Parés, secretario asociado de educación especial, fue que la agencia preparó unas guías para que los padres pudieran trabajar en sus casas con sus hijos. “Fue trabajada por especialistas y es bastante amigable en términos de lenguaje”, dijo.

La otra alternativa de Educación, dijo Ramos Parés, son los cerca de 190 centros comunitarios habilitados por el gobierno en las escuelas públicas. En estos centros se ubicaron terapistas. El funcionario aseguró que sólo el 60% de los terapistas ha respondido al llamado de la agencia y que algunos plantearon que no podían dar las terapias o recomendaron que no se iniciaran tomando en consideración el cuadro que se vive en el país.

“Hay que tener claro el ambiente en que se está trabajando. Queremos asegurarnos que el ambiente en que se trabaje sea el adecuado”, dijo.

Ramos Parés aseguró, de otra parte, que si bien la ubicación del estudiante -que pude ser tan detallado como la configuración del salón asignado, si tiene aire acondicionado o si amortigua sonidos fuertes- y su programa individualizado tienen que ser “respetados”.

“Pero si hay que cambiar algo, ese cambio requiere el consentimiento del padre y hay un comité para eso”, dijo al insistir que la agencia enfrenta “situaciones que no están clara” como las condiciones de vida de algunos maestros.

“Se están trabajando unos horarios en lo que tenemos un escenario completo de recursos, estudiantes y estructuras. Es una manera de darle un reinicio al sistema, pero no es como van a quedar”.

Julia Keleher, secretaria de Educación, reconoció que los estudiantes de la corriente de educación especial, como todo en el sistema, enfrentarán “limitaciones”.’

“Dentro del panorama que estamos enfrentando y lo tenemos por esta experiencia, hemos buscando la manera de llevar el servicio y cuidar el bienestar de cualquier ser humano que haya sido impactado, sean familias, estudiantes, empleados. En la la manera en que nos podamos reponer estamos abiertos a explorar posibilidades”, dijo. “Pero hay una complicación en cuanto a lo que se puede hacer, por ejemplo, algunos de estos estudiantes necesitan comida especial y si es difícil que llegue la comida regular, más difícil es esta. No es que no haya interés o no se reconozca la importancia, es que estamos limitados”.

“El problema que hemos confrontado padres y proveedores es que el departamento no hay emitido una notificación oficial”, denunció José Torres Valentín, abogado del pleito de clases contra Educación.