Edison Negrón Ocasio, procuradador de Pequeños Negocios, dijo que como parte de su función les advirtió a todas las partes el problema que venía.

Incluso, llamó en varias ocasiones a La Fortaleza y a la Legislatura para que tomaran acción y evitaran un lío mayor y un “gasto innecesario de tiepo, esfuerzo y dinero”. 

Todo apunta a que nunca le hicieron caso.

“Desde junio, nosotros levatamos bandera en comunicación con todas las agencias y llamando a las oficinas, a Fortaleza, a la Legislatura y los gremios, pero es un proceso en que hay unos intereses encontrados y ahora el tribunal es el que va determinar... pero hay muchas cosas que se pudieron haber hecho antes y no se hicieron, se pudo pasar legislación o establecer una orden ejecutiva para evitar la controversia”, lamentó el funcionario en entrevista telefónica con Primera Hora.

Negrón Ocasio declaró que a pesar de que en una carta la directora de la Compañía de Turismo, Ingrid Rivera Rocafort, le habló de un análisis legal minucioso de parte de la Oficina del Gobernador de que la agencia que debía reglamentar a las nuevas empresas de transporte era la CSP, él nunca vio ese documento.

El procurador comentó que el DTOP y la CSP atienden situaciones distintas en las reglamentaciones que proponen, por lo que una opción es que ambas velen por el buen funcionamiento de la empresa que arrancó operaciones en la Isla el 11 de julio pasado.

Actualmente está ante el Tribunal de Primera Instancia un pleito sobre quién debe reglantar  a Uber.

Por otro lado, el Departamento de Justicia informó que presentó cargos contra dos taxistas por violación a la Ley de Armas y ocasionar daños a un vehículo registrado en la plataforma Uber.

Asimismo, ante el aumento de incidentes de este tipo, el secretario de Justicia, César Miranda, dijo que instruyó que se designe a un recurso de cada fiscalía en las regiones judiciales de San Juan y Carolina, para que atiendan estos casos.

Los imputados  Jadiel Hernández Alberty y Yamil Rivera Navarro se allanaron a la determinación de causa para arresto , por lo que el juez Wilfredo Viera Garces, del tribunal de Carolina, les fijó $1,000 de fianza  en cada cargo.

El magistrado pautó la vista preliminar para el 9 de agosto.