“Enfatizamos que no es nuestra intención relitigar el caso criminal que concluyó en diciembre de 2016, sino es informarle nuestra inquietud respecto a lo que podría considerarse como encubrimiento, mal manejo de una escena y acciones o investigaciones que se apartan de las normas adecuadas”, indicaron Donald Milán Guindín y Armando Pietri Torres.

Candelario Rivera resultó convicto de matar a balazos al comandante Frank Román Rodríguez, a la teniente Luz Soto Segarra y a la agente Rosario Hernández de Hoyos en una oficina del sexto piso de la comandancia, luego de privarles la libertad.

El teniente Javier Requena, quien para esa fecha era compañero de Soto Segarra, disparó hacia el interior de la oficina, según su testimonio en corte, para tratar de rescatar a sus colegas; luego arrestó a Candelario Rivera.

Los abogados alegaron que los policías que atendieron la situación aquella mañana incurrieron en “negligencia crasa” al manejar el secuestro, que no siguieron su propio protocolo, que dispararon sus armas “en total menosprecio a la seguridad”, y que la escena no fue preservada.

También denunciaron que la oficina en la que ocurrió el incidente se remodeló antes de la vista preliminar contra Candelario Rivera.

“En el 2016, concluyó el caso del señor Candelario, mañana puede ser otra situación que ponga en peligro la vida de otros funcionarios, su libertad o sus derechos civiles, tal como ocurre en la División de Drogas Ponce, donde por medio de falsificación de firmas se han llevado a cabo traslados ilegales, asunto aun poco conocido. Alguna entidad debe seriamente investigar a dicho cuerpo, confiamos en que será su oficina”, afirmaron.