El contrato de las polémicas fotomultas ha sido cancelado, informó esta noche el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP).

El secretario del DTOP, Miguel A. Torres Díaz, anunció que se reunió esta tarde con los ejecutivos de la empresa International Traffic Systems, LLC, y tras evaluar el programa y su ejecución, concluyó que la empresa no ha cumplido con los requerimientos de su agencia.

“Entendíamos que el sistema para recibir orientación sobre el proceso de revisión ya se había atemperado a las necesidades y la realidad de Puerto Rico, según se nos había informado, pero al no ser así, llamé a los representantes de la empresa esta tarde y les hice saber de nuestro malestar con el proceso de implantación del sistema, el cual tiene como único propósito contribuir a garantizar la seguridad en nuestras vías públicas”, sostuvo Torres Díaz en un escueto comunicado de prensa.

“En vista de que se trata de un proyecto piloto, que como dije siempre, estaba sujeto a continua evaluación y, tomando en cuenta la experiencia de estos meses, y siguiendo la directriz del gobernador, quien nos solicitó evaluar el cumplimiento de este contrato sin dilación, determinaos cancelar el contrato con esta compañía e iniciar un proceso de forma expedita, que atienda las preocupaciones de los conductores y que cumpla con nuestros requerimientos y expectativas de lograr carreteras más seguras”, agregó el funcionario.

El titular del DTOP, sin embargo, defendió el concepto del Sistema de Seguridad Vial, el cual, según aseguró, ha contribuido a cambiar la conducta de personas que violan las leyes de tránsito, y contribuirá a tener vías más seguras.

Aunque, de inmediato no indicó categóricamente si la agencia tiene previsto llegar a un acuerdo con alguna otra empresa que opere un sistema similar, trascendió que ese asunto se discutirá mañana, jueves, en una reunión con la junta directiva del DTOP.

Ángel Raúl Matos, portavoz del DTOP, dijo a este medio que Torres Díaz no emitiría esta noche más declaraciones sobre este tema, pero mañana, jueves, después de una reunión con la junta hablaría con los medios.

La cancelación del contrato con International Traffic Systems, LLC, tendría un impacto de $6 millones. Esa sería la cantidad que tendría que pagarse a esa empresa.

Unos 20 minutos después del anuncio del DTOP, el gobernador Alejandro García Padilla se pronunció sobre las fotomultas. “Las leyes de tránsito tienen que respetarse para garantizar la seguridad de nuestra gente en las carreteras. Sin embargo, los mecanismos para lograr esto, tienen que ser implementados correctamente”, sostuvo García Padilla en dos mensajes por su cuenta de Twitter.

El anuncio del DTOP surge a pocos días de una protesta de ciudadanos que alegó operaciones inadecuadas de las máquinas que de forma automática emitieron multas a miles de conductores. Ese grupo reclamó al Departamento de Asuntos del Consumidor que inspeccionara las máquinas por entender que existían fallos en su calibración u operación.

Esta semana, además, se sometió un proyecto para encaminar una pesquisa legislativa sobre las operaciones de las fotomultas, un sistema que recibió una ola creciente de críticas desde el inicio del programa piloto el pasado 1 de octubre en cuatro intersecciones de transitadas vías capitalinas.

Las críticas al sistema incluyeron desde indebida rotulación con avisos pequeños para los conductores hasta marcado incorrecto de penalidades que irritaron a muchos automovilistas que recibieron por correo las multas.

Sin embargo, recientemente la molestia mayor expresada por los ciudadanos se relacionó con un proceso terrible para impugnar las multas.

En la Legislatura, senadores y representantes de mayoría estuvieron receptivos a las quejas de muchos conductores que recalcaron su compromiso de cumplir con la Ley de Tránsito, pero se mostraron molestos por recibir multas indebidas y, para colmo, se enfrentaron a un sistema impenetrable para impugnar las penalidades.

Durante los primeros días de operaciones incluso uno de los equipos de las Fotomultas, ubicado en la avenida Piñero fue vandalizado, justo mientras se cuestionaba el proceso para poner en vigor el programa piloto, sin llevar a cabo subastas, ni una discusión abierta sobre la iniciativa de impacto directo a los ciudadanos.

En días recientes se indicó que en los primeros meses de operaciones en 2014, se llegaron a recaudar hasta $70,000 por concepto de multas.

El anuncio formal sobre el programa de fotomultas se hizo el 17 de septiembre por el gobernador García Padilla, quien reclamó este miércoles la suspensión del mismo. Al defender entonces el sistema electrónico de vigilancia para hacer cumplir las leyes de tránsito, precisó que operaría inicialmente en la intersección entre la avenida Piñero (PR-17), el expreso de Trujillo Alto (PR-181), el Ramal 8 y el Puente Teodoro Moscoso.

El gobierno tenía previsto instalar esos equipos en más intersecciones, pero por el momento la proyección queda en suspenso.