El primer ejecutivo no dio paso a la medida por entender que hubiese creado un precedente peligroso.  

A juicio del gobernador, el proyecto no atendía adecuadamente el problema de las casas de La Parguera que, no obstante cuentan con permisos de uso, conexiones eléctricas, de agua potable y de alcantarillado pluvial y sanitario autorizadas por el Estado; no se les permite hacer las reparaciones que se derivan de su uso normal. En algunos casos se trata de la única residencia de los ciudadanos que las habitan.  

Esa inconsistencia debe ser resuelta de forma responsable por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de forma administrativa, tomando en cuenta la preservación de nuestros recursos y las oportunidades turísticas y de desarrollo económico de las zonas donde se localicen.