La senadora Rossana López presentó hoy, martes, enmiendas a la Resolución del Senado 446 para indagar en las deudas contraídas por la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) y el Banco Gubernamental de Fomento (BGF).

“Si Puerto Rico está en crisis es porque personas inescrupulosas tomaron préstamos sin fuentes de repago y esta investigación revelará quiénes fueron. Sean del partido que sean, de la actual o de pasadas administraciones, sepan que sus acciones tendrán consecuencias, pues nuestro Código Penal tiene artículos que atienden las acciones negligentes de los funcionarios públicos”, dijo la legisladora.

“Los desfalcos administrativos se van a acabar cuando llevemos a los responsables ante la justicia”, insistió López en declaraciones escritas.

La senadora dijo que los artículos 262 y 263 del Código Penal sirven para interpretar que los responsables de la crisis en ACT pudieron haber violado la ley por omisión o negligencia.

El artículo 262 indica que todo servidor público que intencionalmente omita cumplir con su deber y como consecuencia ocasione pérdida de fondos públicos, incurrirá en un delito menos grave.

Mientras, el artículo 263 estipula que de haber pérdidas de fondos públicos por negligencia en el cumplimiento del deber, se llevará al funcionario a pagar por delito menos grave de igual manera. Este se enfrentaría a penas de hasta tres años de cárcel, observó la legisladora.

López justificó la investigación al señalar que la pasada administración tomó un préstamo de más de $2,000 millones, elevando a $6,998 millones la deuda total de la agencia, lo que le estaría costando cerca de $870 millones en pérdidas operacionales y reducción en activos netos.