El Proyecto del Senado 1513 (P. del S. 1513) estuvo cerca de ser derrotado en la Cámara a raíz de una serie de enmiendas que presuntamente incluyó el Senado para ampliar las facultades de la junta supervisora y atender los intereses de los bonistas y acreedores del gobierno en detrimento de los poderes constitucionales del Ejecutivo y la Asamblea Legislativa.

Sin embargo, la medida fue aprobada en votación final cerca de las 11:30 p.m., luego que la Cámara permaneciera en receso por más de dos horas en busca de conseguir el mínimo de 26 votos necesarios para que la pieza pudiera completar el trámite legislativo y seguir rumbo a La Fortaleza. En el Senado, la medida fue ratificada en votación 15-10.

Durante la votación final, en el hemiciclo cameral se destacaba la presencia del director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, Luis Cruz Batista, y el asesor legal del gobernador, el licenciado Ángel Colón. 

El informe de conferencia avalado por ambos cuerpos legislativos le devolvió a la junta gran parte de su poder para revisar el presupuesto gubernamental, aunque bajo un estricto mecanismo que busca fijar límites entre esas facultades y los poderes constitucionales del gobierno.

El P. del S. 1513 le confiere al nuevo ente poder para “endosar” el Plan de Crecimiento Económico y Fiscal, que tendría una vigencia de cinco años. Aunque los cinco miembros que integrarían el organismo no tendrían potestad de aprobar partidas presupuestarias ni aplicar recortes directos en las asignaciones, sí tendrán la responsabilidad de hacer recomendaciones al Ejecutivo y a la Asamblea Legislativa sobre medidas para recortar gastos y aumentar ingresos de manera inmediata cuando se identifique algún déficit en una agencia pública. 

“No es un proyecto tan abarcador, no es una junta tan compleja como la que se presentó originalmente, se simplifica bastante lo que es su rol, pero sin quitarle la esencia, la junta tiene su rol de supervisión y de tomar medidas que sean necesaria si hay una crisis con los ingresos”, dijo a este medio el senador José Nadal Power, presidente de la Comisión senatorial de Hacienda. 

“Esto es, en realidad, para demostrar que esto se está tomando en serio. Se quiere enviar el mensaje de que estamos tomando esta situación en serio como Asamblea Legislativa, como gobierno, y nunca vamos a descartar alternativas a la hora de buscar que Puerto Rico recupere su credibilidad”, abundó.

La versión aprobada estableció un nuevo mecanismo para la aprobación del plan económico y fiscal, y aunque mantiene el poder de la junta para revisar y dar su endoso al documento, dispone que una vez eso ocurra, el grupo de trabajo que preparó el plan podría comenzar a negociar con los acreedores de las entidades fiscalizadas en busca de llegar a un acuerdo que se ajuste a los objetivos de desarrollo económico y control fiscal. Sería luego de que lleguen a esos entendidos que el gobernador ratificaría el plan mediante una Orden Ejecutiva. 

Para el representante Rafael Hernández Montañez, presidente de la Comisión cameral de Hacienda, la versión avalada por la Legislatura este martes establece parámetros de control de gastos más fuertes que la propuesta original del Ejecutivo al disponer un método con términos más rigurosos para evaluar el manejo presupuestario de las entidades públicas.

“Se está cumpliendo con tener un mecanismo de transparencia, de cumplimiento, de certificación, y se le está estableciendo una normativa de disciplina para que, basado en el Plan de Crecimiento Económico y Fiscal, los próximos presupuestos y el manejo de las finanzas públicas pueda ser controlado y evitar que se gaste cuando los recaudos no hayan alcanzado las proyecciones de recaudos”, argumentó el representante popular.

“Terminó un producto que pasa el crisol constitucional, pero sigue siendo riguroso, fuerte, y que va a llegar al cometido, no quizás con el control de que es una junta la que te dice, pero es por la norma”, abundó.

La medida estableció una Reserva de Control Presupuestario, que contendría el 2.5% del total de las asignaciones de gastos operacionales y asignaciones especiales del gobierno, y esas partidas se liberarían gradualmente entre las entidades gubernamentales si la junta confirma que se ha cumplido con el presupuesto proyectado. 

Cada agencia fiscalizada junto al Departamento de Hacienda sometería informes trimestrales que serían evaluados por los miembros de la junta sobre los ingresos, gastos y el flujo de efectivo. En caso de que se incumplan las proyecciones de ingresos y gastos utilizadas para conformar el presupuesto, la junta supervisora emitiría un aviso a la agencia fiscalizada, y notificaría al gobernador, a la OGP y a la Legislatura, y podría “hacer recomendaciones para reducciones de gastos o aumentos de ingresos inmediatos que se consideren apropiados”.

Si la agencia está en incumplimiento con el presupuesto, el jefe de la entidad preparará un informe con las medidas que se tomarán para paliar el déficit. Si la junta de supervisión fiscal estima que la estrategia resultaría insuficiente, podrá hacer sus propias recomendaciones.

“El Ejecutivo deberá implantar las recomendaciones o cualesquiera otras endosadas por la junta que así determine necesarias para eliminar el déficit proyectado”, señala la legislación. 

Si la dependencia gubernamental incumple con esas recomendaciones, se aplicaría un recorte global en el presupuesto para atajar esa insuficiencia, y luego el gobernador podrá redistribuir las partidas que hayan sido reducidas a las agencias e instrumentalidades que no estuvieran en incumplimiento,

El proyecto aprobado este martes, además, elimina la asignación de $1 millón mensual con la que operaría la junta, y establece que el ente seguirá el trámite ordinario al requerirle que solicite su presupuesto operacional a la OGP.