La expresidenta del Banco Gubernamental de Fomento, Melba Acosta, enumeró los próximos pasos relacionados a la Junta de Supervisión y Administración Fiscal y a la ley federal que la impone, la ley PROMESA.

En entrevista con WKAQ, Acosta no quiso pasar juicio sobre los nominados a la junta por la Casa Blanca, pero si dijo que es mucho el trabajo que queda por delante para atender el problema de la deuda de Puerto Rico.

Explicó que el gobierno de Puerto Rico tiene que culminar un plan de restructuración a 5 años, que debe someter a la junta en dos semanas para su aprobación y que es necesario para el proceso de negociación sobre la deuda de $70,000 millones del gobierno de Puerto Rico con sus acreedores.

Acosta dijo que antes de dejar el mes pasado la dirección del BGF ya el plan se estaba trabajando y que le consta que se sigue laborando con este proyecto, con personas tanto del gobierno estatal, con sus asesores externos, como del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

“Es un documento sumamente complejo”, indicó Acosta en WKAQ. “El personal del Tesoro ha estado muy envuelto, en reuniones continuas visitando a Puerto Rico. Este plan no solo es hecho por el gobierno de Puerto Rico, es evaluado por el grupo del Tesoro”.

Acosta dijo que la ley federal PROMESA impone una paralización a los pleitos judiciales de los acreedores pero que ese plazo, aunque se puede solicitar tiempo adicional, en la actualidad vence en febrero, por lo que la junta tiene que revisar y aprobar el plan del gobierno para antes de esa fecha y usarlo en sus negociaciones con los bonistas.

“Es un tiempo muy corto”, expresó Acosta.

Asimismo, la junta tiene ahora que nombrar a un director ejecutivo, que a su vez establecería un equipo que serían los que ayudarían a ejecutar el trabajo de la junta.