Tras una acalorada jornada de protestas, salpicada de incidentes entre legisladores novoprogresistas y empleados públicos, las cámaras legislativas aprobarían anoche con enmiendas y en votación partidista, el proyecto 938, que elimina y limita derechos adquiridos de los trabajadores del gobierno.

En la Cámara, la medida fue avalada en votación de 33-16 a eso de las 7:40 de la noche. Más tarde en la noche, el Senado aprobaría la pieza legislativa enmendada para que a la mayor brevedad pueda ser convertida en ley por el gobernador Ricardo Rosselló.

Las enmiendas dejan inalterada la aportación patronal de $100 al plan de salud de los 101 mil empleados públicos del gobierno central. Sin embargo, para unos 26,587 mil trabajadores del gobierno que laboran en corporaciones públicas, la aportación al seguro médico sólo está garantizada hasta el primero de julio de 2018.

Un comité, integrado por un representante del Gobernador, uno del Senado y otro de la Cámara, evaluará medidas para conjurar el impacto de $136 millones, que supone la aportación patronal para el grupo de trabajadores de las corporaciones públicas, dijo el presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez en una conferencia de prensa conjunta en horas del mediodía con el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz en la Sala de Prensa del Senado.

El proyecto reduce de 30 a 15 días la licencia de vacaciones y excluye solamente a los maestros y policías. 

También, elimina el feriado del Día de la Constitución del Estado Libre Asociado (ELA) y lo cambia por el Día de la Ciudadanía Americana, el 2 de marzo.

De la misma forma, impone un arbitrio de $2.60 por cajetilla de cigarrillo y de $3.00 a cada cigarrillo electrónico. 

En horas de la tarde, Rivera Schatz recibió a un grupo de líderes sindicales, encabezados por el presidente de la Central Puertorriqueña de Trabajadores (CPT) y hubo otras reuniones de última hora, pero no rindieron frutos.

“Toma unos años, pero lo importante es que esté latente que los derechos por los cuales los trabajadores lucharon no se van a eliminar. Sencillamente, los estamos poniendo en hold”, dijo Rivera Schatz a periodistas.

Mientras tanto, el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Antonio Soto encabezó el debate de la medida y expresó que de no ser aprobada tendrían que despedir 45 mil empleados públicos.

 Soto indicó que optaron por las medidas “menos invasivas” a los servidores públicos.

El representante independentista, Denis Márquez cuestionó que la enmienda al plan médico se fundamente en que mejore la economía. 

“Si ese comité de tres personas entiende que el año que viene mejora la economía, es pensar que Donald Trump le va a conceder la estadidad este cuatrienio”, sostuvo Márquez.

 “Claro que le están diciendo a la Junta que no empuje porque ustedes lo van a hacer por ellos”, indicó por su parte el representante popular Luis Vega Ramos.