El juicio por homicidio y lesión negligente contra Miguel Bellber Sánchez, un supervisor de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), se suspendió hoy, martes, luego que la defensa en el caso solicitó tiempo adicional para analizar la inclusión de nuevos testigos del Ministerio Público.

En este caso el empleado de la corporación enfrenta cargos criminales en relación a una explosión que causó la muerte de dos trabajadores de la AEE, en hechos que se registraron el 13 de julio de 2014.

El juez Aldo González Quesada le solicitó a la defensa, representada por el abogado criminalista Jorge Gordon, que presentara una moción antes del próximo 11 de diciembre para justificar el aplazamiento del juicio tras una notificación de la Fiscalía sobre la introducción de 16 nuevos testigos. 

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El magistrado no pautó una fecha para el  juicio aunque sí señaló una vista de status para el próximo 16 de diciembre para dilucidar la controversia sobre los testigos adicionales, anunciados el 13 de noviembre.

“(La introducción de los nuevos testigos) cambia todo el panorama de la estrategia de la defensa. Por eso entendemos que el caso no debería comenzar durante el día de hoy (martes)”, dijo Gordon antes de que el juez emitiera su decisión.

Las autoridades presentaron cuatro cargos contra Bellber Sánchez por homicidio y lesión negligente. Se alega que el acusado leyó e interpretó erróneamente un equipo de detector de gases antes de que se registrara una explosión en un generador de la planta cuando allí se realizaban labores de mantenimiento. 

El estallido, provocado por una descompensación entre los niveles de hidrógeno y oxígeno dentro del generador, cobró las vidas de dos empleados identificados como Sergio Hernández Muñiz y Luis Rivera. Además, otros dos trabajadores, Juan Rodríguez Tirado y Luis Sánchez Domínguez, resultaron con lesiones graves. 

Decenas de empleados de la corporación pública acudieron a la audiencia para presenciar el primer día de juicio. En la sala estuvieron presentes gerenciales que se mostraron solidarios con el acusado. 

"Aquí hay un abuso con las reglas de seguridad", indicó Ricardo Santos, el director de la oficina de salud y seguridad de la Utier al salir del centro judicial.