El juez federal Pedro A. Delgado reseñaló el juicio contra los nueve coacusados en el caso de corrupción gubernamental liderado por el recaudador político Anaudi Javier Hernández Pérez para el 15 de agosto.

Determinó que primero verá el caso en su fondo contra los primeros cuatro acusados, que son Sally López Martínez, Sonia M. Barreto Colón, Ivonne M. Falcón Nieves y Javier A. Muñiz Álvarez.

Así lo informó esta mañana durante una conferencia de estatus en el Tribunal Federal del Distrito de Puerto Rico en Hato Rey, en la cual dejó sin efecto la fecha original de juicio que era el 10 de mayo. Los fiscales adelantaron que el juicio podría durar un mes. Más adelante se vería el proceso judicial contra el resto de los coacusados, pero no se pautó fecha.

Delgado dijo que la fecha límite para informar si harán alegación de culpabilidad es el 30 de junio.

Uno de los coacusados, Carlos Francisco Luna Cruz, adelantó a través de su representante legal Jason González que se declarará culpable tras llegar a un acuerdo con la fiscalía federal. Este ofrecía servicios a la compañía JM Profesional (sic) Training, la cual obtuvo varios contratos con la Administración de Desarrollo Laboral (ADL) para realizar ferias de empleo gracias a la intervención de Hernández Pérez con la entonces administradora y coacusada López Martínez.

Los cargos que enfrenta Luna Cruz son por supuestamente emitir declaraciones falsas ante un gran jurado federal y por obstrucción a la justicia.

El juez le indicó a González que someta por escrito la petición de cambio de alegación de culpabilidad para pautar la fecha de dicha vista.

El cambio de fecha del juicio fue dado a que la mayoría de los letrados sugirieron que se reseñalara para más adelante, dado a que son 391 piezas de evidencia y necesitan más tiempo para revisarla y someter mociones que correspondan. Mas los fiscales José Capó Iriarte y Timothy Henwood indicaron que estaban listos para ver el caso en mayo, pero no tenían objeción si se veía más adelante.

El único abogado que quería que se viera el juicio en mayo fue Francisco Rebollo Casalduc, dado a que su cliente, Javier A. Muñiz Álvarez es el único que está detenido sin fianza por supuestamente amenazar a una potencial testigo. Anteriormente, sometió una moción para que se dividiera el juicio y se viera el proceso en contra de su cliente lo antes posible, pero ayer mismo Delgado denegó su solicitud.

Rebollo Casalduc adelantó que someterá una moción para que se le conceda fianza al también empleado de JM Profesional (sic) Training, dado a que en cuatro meses que lleva sumariado, ha perdido alrededor de 80 libras y entiende que no está bien de salud. El fiscal Capó Iriarte se opuso al entender que “esa es la consecuencia de sus acciones” y destacó que, de ser encontrado culpable, se enfrenta a aproximadamente siete años de prisión.

Hernández Pérez, quien era recaudador del Partido Popular Democrático (PPD) y amigo personal del gobernador Alejandro García Padilla y de su hermano Luis Gerardo García Padilla, se declaró culpable el 18 de febrero pasado por los 14 cargos que pesaban en su contra, a cambio de una sentencia sugerida de entre cinco años y ocho meses a siete años y tres meses de cárcel. El acuerdo entre los fiscales y el abogado Osvaldo Carlo incluye la posible confiscación de la residencia del principal acusado, localizada en Aguadilla y valorada en $4 millones. La lectura de sentencia está pautada para el 24 de junio.

La acusación contra Hernández Pérez y el resto es por conspirar para cometer esquemas de fraude con un valor aproximado de $2 millones contra la Administración de Desarrollo Laboral (ADL), la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y la Cámara de Representantes.

Según han establecido las autoridades federales, el primer esquema fue con López Martínez, a quien Hernández Pérez recomendó a Luis Gerardo García Padilla para la posición de administradora de ADL con el fin de conseguir contratos con compañías que creó, muchas de ellas luego de las elecciones generales del 2012, cuando Alejandro García Padilla ganó la gobernación. A cambio de la otorgación de contratos, Hernández Pérez le hacía costosos regalos a López Martínez, y los anotaba en un registro. Entre los contratos que logró, están con JM Profesional (sic) Training, que tiene que ver con Luna Cruz y Muñiz Álvarez. Este último aspiraba a la alcaldía de Moca por el Partido Nuevo Progresista (PNP).

El segundo esquema, se indicó, se produjo con las coacusadas Barreto Colón y Falcón Nieves, directora de Oficina de Compras y Logística de la AAA y exvicepresidenta de dicha corporación pública, respectivamente, con el fin de obtener contratos. Esto fue a cambio de regalos, pagos de deudas y cenas.

El tercer esquema se detectó en la Cámara de Representantes, donde se alega que hubo un proceso de subasta “corrupto” en el que la compañía de Hernández Pérez, 3CommGlobal, obtuvo un contrato para instalar y dar mantenimiento al cuadro telefónico que nunca funcionó adecuadamente. Los acusados en esta fase fueron el entonces administrador de dicho cuerpo legislativo, Xavier González Calderón; el ayudante operacional Glenn Rivera Pizarro; el exempleado Víctor Rafael Burgos.

El resto de las compañías de Hernández Pérez son: Links Group, LLC; Kendall Consulting Group, Inc.; JM Profesional (sic) & Training Group, Inc.; Waffler Avenue, LLC; y EKO Technologies LLC.

Los fiscales adelantaron que tienen “múltiples testigos”, correos electrónicos, cuentas bancarias, documentos y otra evidencia para probar los esquemas ocurridos entre 2012 y 2015, poco antes de que arrestaran a los acusados el 3 de diciembre pasado.