El expolicía Ricardo Rivera Rodríguez, quien cumple una sentencia concurrente de 10 años de prisión por delitos de robo bancario e infracción a la Ley de Armas, presentó un recurso en el Tribunal de Apelaciones para que se dejen sin efecto sus condenas y sea excarcelado de inmediato. 

Rivera Rodríguez, quien sometió el recurso de su puño y letra, por derecho propio, hizo llegar copia del documento a este medio a través de familiares en busca de que su caso se revise, por entender que el tribunal fue inducido a error, ya que el Ministerio Público y la abogada de defensa asignada por el tribunal presuntamente omitieron evidencia exculpatoria “intencionalmente”.

El recurso, presentado el pasado 27 de febrero, está ante la consideración de la jueza Migdalia Fraticelli Torres del Tribunal Apelativo. 

Rivera Rodríguez, quien fue absuelto por duda razonable en tres denuncias similares, expone que en los casos por los que fue acusado no se utilizó el testimonio del supervisor de la División Digital del Instituto de Ciencias Forenses (ICF), Carlos Díaz González, quien tras un análisis de las características del asaltante bancario y las suyas, determinó que “no era categóricamente la misma persona”.

El perito comparó las fotografías del asaltante, obtenidas de los vídeos de las cámaras de seguridad de los bancos, con la imagen del imputado, quien en todo momento insistió en que no había cometido los delitos. 

En el reclamo al tribunal, Rivera Rodríguez indica que fue privado de tener un juicio justo e imparcial debido a la omisión de la prueba exculpatoria. De hecho, el expolicía también sometió dos querellas ante el Tribunal Supremo a la fiscal y a la abogada por conducta antiética entre otros alegatos. 

Al expolicía, la División de Robos a Bancos lo había vinculado con cinco asaltos bancarios  entre el 9 de junio y el 17 de septiembre del 2010, en Caguas, Carolina y Río Piedras, en los que alegaron que se apropió de $32,855. Además, mientras estaba pendiente de ser enjuiciado, se indicó que burló el programa de Protección Electrónica, a pesar de que personal de la Oficina de Servicios con Antelación a Juicio (OSAJ) había declarado que el sistema no alertó de que hubiese ocurrido alguna violación de sus condiciones de libertad condicional entonces. 

En los años 2011 y 2012, la jueza Laura L. López Roche, del Tribunal Superior de San Juan, determinó no causa para juicio, por el delito de robo por el asalto a la sucursal del banco Santander del centro comercial Montehiedra, el 23 de agosto del 2010. Además, el juez Alberto Pérez Ocasio, del Tribunal Superior de Carolina, lo absolvió por duda razonable, por un asalto al banco Santander del centro comercial Plaza Carolina, donde trabajaba como guardia de seguridad, el 19 de julio del 2010. Mientras, la jueza Silkia Carballo, de la Sala de Investigaciones de Caguas, no encontró causa para juicio por el asalto al First Bank, del centro comercial Plaza Centro en ese pueblo.

Rivera Rodríguez, fue sentenciado el 10 de octubre del 2013 a cumplir cinco años de cárcel por la jueza Susana C. Serrano Modesti, del Tribunal de Caguas, por otro asalto, ocurrido el 9 de junio del 2010, en el First Bank de Plaza Centro.

Un mes después,  fue condenado a cinco años y seis meses de prisión por la jueza Nerisvel Durán, del Tribunal de San Juan, por un robo que se registró el 21 de agosto de 2010 en la sucursal del Banco Santander de Montehiedra.

El convicto insistió en el recurso que las sentencias se emitieron en violación de la Constitución. 

“Suplicamos a este honorable tribunal anule las referidas sentencias en conformidad con la ilegalidad de los procesos a los que fuimos sometidos de forma ilegal y atropellada y deje sin efecto las mismas por ser impuestas sin jurisdicción y en violación al debido proceso de ley. A saber, Triple Jeopardy (triple peligro) en violación a las enmiendas V, VI y XIV de nuestra Constitución de Estados Unidos por medio del perjurio y encubrimiento, en total menosprecio al poder judicial y ordene nuestra excarcelación inmediatamente”, termina el escrito. 

Somete segunda querella administrativa  

Rivera Rodríguez, presentó el pasado 30 de marzo una petición para abrir una segunda querella administrativa contra al menos una docena de oficiales de la Policía que incluye a tres coroneles y a varios agentes, incluyendo a uno del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), quienes de alguna manera intervinieron en las investigaciones de los casos que le fueron imputados y dieron pie a acusaciones por delitos en los cuales insiste es inocente. 

En el documento, recalcó que fue encarcelado sin evidencia en derecho, por alegada información falsa y mediante de la alteración de la prueba por parte oficiales que iniciaron la investigación en su contra porque solo se le parecía al asaltante de los bancos. También indicó que los oficiales abusaron del poder. 

“(Solicitamos que) Se suspenda sumariamente el referido personal por razones de seguridad familiar y se investigue criminal y administrativamente el proceso policíaco, la conducta exhibida y desplegada por los miembros de la policía en el desempeño de sus funciones y les caiga todo el peso de la ley de así determinarlo”, indica en el escrito sometido ante la Superintendencia Auxiliar de Investigaciones Administrativas. 

También denuncia la inacción de oficiales de la policía tras haber sido objeto de amenazas de muerte. Se refirió a que el 21 de diciembre del 2005, arrestó a dos policías corruptos de la Unidad Turística de San Juan, razón por la cual alegó que se tomaron represalias en su contra.

Rivera Rodríguez fue expulsado de la Policía en el año 2005 por un caso de violencia de género. 

Ademas de su reclamo en el tribunal y las querellas contra varios uniformados, recientemente cursó una carta al superintendente José L. Caldero López, con sus alegaciones para que se tome la acción correspondiente.