Hace unos días, el presidente del Colegio de Abogados y Abogadas denunciaba en mi programa de radio que la Asamblea Legislativa había convertido en “uso y costumbre” no efectuar vistas públicas a la hora de atender nombramientos de fiscales y jueces.

Se quejaba el licenciado Manuel Quilichini que la práctica privaba a muchos sectores de poder emitir una opinión, a favor o en contra, de cualquier nominado, al tiempo en que limitaba al legislador de información pertinente que podría ayudar a emitir un voto mejor informado.

En estos tiempos de gobierno compartido, gran cantidad de los nombramientos son negociados o repartidos. El Ejecutivo designa algunos y le brinda la oportunidad a la mayoría parlamentaria de acomodar, a su vez, 2 o 3 allegados. De esta forma, “planchan” muchas nominaciones y son bajadas a votación, usando el método conocido como descargue.

El tema salió a relucir de manera paralela a la masacre de Yauco, ocurrida el pasado mes de enero.

Tras el asesinato de dos mujeres y un hombre, la opinión pública se volcó contra la jueza Ginny Vélez Carreras, quien no ordenó imponer un grillete electrónico a Wilfredo Santiago Figueroa, en un reclamo realizado por quien resultó ser víctima en la masacre, Linnette Morales.

Vélez Carreras fue designada el 20 de diciembre de 2020 por la entonces gobernadora Wanda Vázquez Garcés. Lo hizo en una sesión extraordinaria que, utilizando el descargue, premió y atornilló a un selecto grupo de personas en posiciones gubernamentales, antes del cambio de gobierno con Pedro Pierluisi.

Así que está artimaña lleva mucho tiempo.

Rojos y azules se apoderan del método para considerar, no tan solo los nombramientos a distintos cargos, sino que también lo hacen por igual con piezas legislativas.

Como recordaba el licenciado Quilichini, la vista de confirmación tiene la virtud de crear un récord de cada individuo. Se pueden ensalzar credenciales de los nominados o advertir sobre cualquier desliz o demérito que tenga en su récord.

Eso queda plasmado en un informe, que puede ser revisitado a la hora de alguna investigación, y así conocer cómo fue visto ese candidato por cada uno de nuestros legisladores. Desgraciadamente, con la jueza Vélez Carreras no se pudo realizar tal ejercicio dado a que el proceso no se efectuó.

Tampoco ocurrió con la actual jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz, quien también fue “descargada” en una sesión legislativa del PPD, saltando el proceso de vista pública.

En momentos en que se evalúa la productividad legislativa y el concepto del legislador a tiempo completo, muchos se preguntan: ¿qué hacen estos “muchachos” para cumplir con sus responsabilidades? Se acusa de que la Cámara ha reducido su tiempo de sesiones a una por semana, en lugar de dos. Las vistas públicas de cualquier proyecto apenas tienen a su presidente y uno que otro funcionario.

Se acabaron las dietas. Y ante tal panorama, los señores y señoras de la Casa de la Leyes brillan por su ausencia. Sería justo que, usted que me lee, haga un profundo ejercicio de reflexión antes de acudir a una primaria o elección general para premiar alguno de ellos con su voto.

No es exagerado lo que estoy pidiendo. Simplemente, que cumplan con su descripción de trabajo. Ellos pidieron ser contratados en la pasada elección. Buscan renovar su contrato por cuatro años. Para ello, deberían dejar la mala costumbre del descargue.

Dice la Real Academia de la Lengua Española que la definición de “descargue, es descarga de un peso.” Pienso que nuestros parlamentaristas tratan su trabajo de la misma forma que usted y yo lo hacemos a la hora de ir al baño. Allí jalamos la cadena y descargamos lo que no sirve.