En momentos en que se considera aprobar un impuesto adicional sobre el arbitrio del barril de petróleo, tres representantes de la mayoría del Partido Popular Democrático (PPD) presentaron este martes una medida para investigar el alquiler de vehículos privados en la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), que tiene un impacto de $140,000 mensuales en las limitadas finanzas de esa corporación pública.

El titular de la ACT, Javier Ramos Hernández, ha justificado el contrato con la empresa Leaseway de Puerto Rico, suscrito durante la pasada administración, y que abarca unos 125 vehículos para la flota oficial de la instrumentalidad gubernamental.

La Resolución de la Cámara 1145, de la autoría de los representantes populares Carlos Bianchi Angleró, Rafael Hernández Montañez y Nelson Torres Yordán, ordena, además, a la Comisión cameral de Transportación y Obras Públicas a investigar si la ACT ha cumplido con la “Ley Uniforme de Vehículos Oficiales” (Ley 60-2014).

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“En los pasados días, nos ha llamado la atención el que la ACT derrocha aproximadamente $140,000 mensuales en una flota arrendada de vehículos de motor. Lo anterior nos parece que es una flagrante violación a la política pública que ha implantado esta administración y una falta de respeto al pueblo que, día a día, tiene que sufrir los desmanes de las pasadas administraciones”, reza la exposición de motivos de la resolución legislativa.

Una vez aprobada, la comisión cameral que preside el representante popular Ramón Cruz Burgos tendrá 120 días para rendir un informe sobre los hallazgos relacionados con el ámbito de análisis de la medida.

Durante la sesión extraordinaria, solo pueden considerarse las medidas que el gobernador Alejandro García Padilla incluyó en la convocatoria, por lo que la pieza legislativa no podrá ser considerada hasta la próxima sesión ordinaria, en enero.

Entre los objetivos del proyecto de ley que elevaría el impuesto sobre el crudo, figura transferir la multimillonaria deuda de la ACT a la Autoridad para el Financiamiento de Infraestructura (AFI), y destinar los recaudos del gravamen a esta última corporación pública para que repague las obligaciones de la ACT con el Banco Gubernamental de Fomento, que sobrepasan los $2,000 millones.