Otro caso de corrupción que involucra el otorgamiento de contratos a cambio de sobornos se destapó ayer mediante el arresto de varios empleados del Departamento de Educación, entre ellos dos ex altos funcionarios que manejaban su departamento de Compras, pero, en esta ocasión, los empresarios que se prestaron para el “jueguito” también cayeron en la redada federal.

En síntesis, los empleados acusados favorecieron el otorgamiento de contratos a compañías privadas a cambio de dinero y otros bienes. Muchos de los servicios estaban relacionados con la venta de libros, computadoras e Internet.

Un Gran Jurado federal emitió una acusación de dos cargos contra 13 personas por defraudar programas federales, uno de los cuales está destinado a estudiantes de educación especial, y conspirar para cometer lavado de dinero mediante varios esquemas que se extendieron entre 2008 y 2009.

El primero en la acusación resulta ser el ex director del departamento de Compras, Luis Conde Rosa, quien presidió el grupo Young Republicans de Puerto Rico. Otro de los acusados, Luis Santiago Caro, presidente de School Solutions, Inc. y Service Pro Corp., fue arrestado en Tampa, Florida, mientras otros cuatro empleados de Educación fueron detenidos en sus puestos de trabajo en la agencia. El segundo en la acusación, Daniel Erazo Burgos, ex supervisor de compras de Educación, también fue detenido en EE.UU.

El sexto acusado en el pliego acusatorio, Mario Rodríguez Guerra, es un contador público autorizado.

En Puerto Rico, la magistrada federal Camille Vélez les asignó a los acusados una fianza de $20,000, durante una vista en el Tribunal Federal.

“La confianza que el Departamento de Educación depositó en sus empleados fue traicionada por los que llevaron a cabo este esquema. Estos funcionarios se lucraron personalmente al recibir sobornos de varios empresarios que compraron sus contratos, violando las leyes establecidas por el Gobierno”, sostuvo la jefa de la Fiscalía Federal, Rosa Emilia Rodríguez Vélez.

Las autoridades aseguraron que Conde Rosa ingenió los esquemas quid pro quo, que derivaron en fraude a los programas federales. Se emitieron un total de 141 cheques, ascendentes a $933,139.25, por servicios que no fueron otorgados.

El arresto de Conde Rosa, quien aparentemente se había desempeñado como un exitoso empresario antes de su nombramiento en Educación, sorprendió a muchos militantes del Partido Republicano en Puerto Rico.

“Cualquier persona que le falla a la confianza del pueblo debe responder por sus actos. Al acusado le asiste la presunción de inocencia. Pero cada cual debe asumir responsabilidad por sus actos”, sostuvo el director ejecutivo del Partido Republicano de Puerto Rico, Ricardo Aponte-Parsi, quien fue contactado por varios medios de comunicación para hablar sobre Conde Rosa.

Esquemas complejos

Los empresarios acusados, supuestamente, se ingeniaron varios modelos para intentar lavar los activos que consistieron en transacciones cuyo único propósito era esconder el origen del dinero que se había obtenido de manera ilegal.

Una de las presuntas piezas claves en el esquema fue Erazo Burgos, quien les impartió órdenes a algunos de sus subordinados para que favorecieran las compañías que se estaban lucrando del esquema ilegal.

Pero también se estableció una fórmula para los sobornos. En el 2009, un empleado de la empresa School Solutions y Service Pro Corp., llegó a un acuerdo para pagarle a Conde Rosa el dos por ciento de todos los contratos concedidos a la primera empresa.

“En nuestra oficina se llevan a cabo investigaciones criminales por fraude, soborno, malversación de fondos públicos y otras actividades criminales relacionadas con el Departamento de Educación. Como éste es un caso que continúa, y para proteger la identidad de nuestros esfuerzos, no puedo contestar ningún tipo de preguntas relacionadas al caso”, sostuvo el ayudante del inspector general de la división de Investigaciones de la Oficina del Inspector General de Educación, William D. Hamel. “El pliego acusatorio alega que los acusados, de una forma deliberada, metódica y significativa, abusaron de su posición de confianza para su lucro personal” , añadió el funcionario federal.

Educación se lava las manos

La agencia aseguró que tiene los controles y los protocolos para detectar anomalías en el otorgamiento de contratación, y subrayó que los empleados de la agencia tienen que velar por la pureza de los procesos.

“Hoy, con mucho pesar, vemos cómo ex empleados y empleados activos de nivel intermedio han sido arrestados. Es muy lamentable cuando un servidor público se corrompe, le falta a la confianza de su cargo y a los más altos valores. Les han fallado a nuestro sistema, en especial a nuestros estudiantes; les han fallado al Gobierno y les han fallado al país”, sostuvo el secretario de Educación, Jesús Rivera Sánchez, mediante un comunicado de prensa.

Pero quienes dieron cara a los medios en Educación al darse a conocer los arrestos fueron la secretaria interina de Educación, Nilda Ortiz, y el subsecretario de Administración, Rafael Blanco. La agencia aseguró que revisará los contratos de 11 empleados que están bajo un programa de jornadas parciales, que les permite trabajar fuera de su jornada especial. Dos empleados de Educación arrestados no cumplían con los requisitos para trabajar en la oficina de compras de la agencia.

“En Educación cooperamos el cien por ciento en esta investigación, y esta administración le da la bienvenida a estas investigaciones” , indicó Ortiz.

De ser encontrados culpables de lo delitos imputados, los acusados enfrentan una penalidad máxima de 20 años de cárcel y multas ascendentes a $500 mil o el doble del valor monetario de la transacción.