El gobierno inició hoy el proceso que llevaría a manos privadas cerca de 200 escuelas cerradas mediante un aviso público de una página en prensa escrita.

“El Departamento de Educación ha declarado en desuso los siguientes inmuebles”, reza el anuncio antes de identificar por nombre y pueblo los planteles, localizados en toda la isla.

Se trata de unas 200 de las 256 escuelas que fueron cerradas en mayo pasado, la más reciente zafra de planteles públicos clausurados por el gobierno de Puerto Rico, proceso que comenzó la administración de Alejandro García Padilla y que ha continuado Ricardo Rosselló, aduciendo a razones como la baja poblacional del país.

El anuncio también orienta a que “cualquier solicitud respecto a estos inmuebles deberá ser remitida a la dirección de correo electrónico dinfraestructura@fortaleza.pr.gov”.

Se trata de una iniciativa que debe beneficiar a organizaciones sin fines de lucro, dijo el subsecretario del Departamento de Educación, Eligio Hernández.

“La relevancia de este aviso público es que hay una acción concertada para brindarles mejores servicios a la ciudadanía y que las escuelas no se conviertan en osos blancos, hospitalillos y que estén disponibles para organizaciones sin fines de lucro que quieran servir a la ciudadanía”, dijo el subsecretario.

Hernández agregó que el proceso para disponer de esas casi 200 escuelas estará dirigido por María Palou, asesora del gobernador en infraestructura, al amparo de estatutos como la Ley 26 de 2017 y la orden ejecutiva 17-32.

La gestión para conseguir a Palou resultó infructuosa.

La orden ejecutiva dispone que se creará un subcomité interagencial para el traspaso de planteles en desuso, para establecer un proceso expedito para transferir esas escuelas cerradas a otras manos.

Los planteles escolares cerrados deben ser transferidos a entidades que establezcan proyectos comunitarios o económicos.

“Es nuestro interés que se desarrollen unidades de desarrollo comunitario en las escuelas que estarán disponibles, incluyendo pero sin limitarse a: centros de atención a deambulantes, albergues para animales abandonados, centros de rescate y tratamiento para personas drogodependientes, talleres de terapias o tutorías para niños y jóvenes, refugios para mujeres, niños o ancianos víctimas de maltrato y/o violencia doméstica o incubadoras de microempresas comunitarias”, reza la orden firmada por Rosselló.

El subsecretario Hernández precisó que el DE retuvo 51 de esos planteles cerrados para nuevas funciones, como almacenes de equipo en buen estado, centros de acopio para propiedad inservible y para que funcionen como oficinas regionales o de servicios a la ciudadanía, como la comunidad de educación especial. Agregó que cerca de otras cuatro escuelas están en algún tipo de litigio.

Esto representará ahorros en alquiler, pues hoy día estas oficinas están en edificios privados. No quiso estimar cuánto sería el ahorro. Dijo que hay que corroborar que los edificios cerrados cumplan con necesidades como el voltaje que necesita una oficina regional del DE.

Cuestionado sobre si el plantel de Carolina entregado a un colegio religioso, donde se destruyó una obra del artista Augusto Marín es uno de los planteles, Hernández precisó que no, que esa escuela es de otro grupo de planteles cerrado anteriormente.