Una nueva ley, firmada este viernes por la gobernadora Jenniffer González Colón, concede que los empleados públicos puedan tomar un periodo de hasta cinco minutos al inicio de la jornada laboral para reflexionar.

La reflexión será sobre valores fundamentales, como el respeto, la honradez, la decencia y la transparencia en el servicio público, según se explicó en comunicado de prensa.

La medida que pasó a convertirse en ley fue el Proyecto del Senado 927, conocida como la Ley de Reflexión y Meditación en las agencias, dependencias, instrumentalidades y corporaciones públicas del Gobierno de Puerto Rico.

“Hoy firmo una medida que demuestra nuestro compromiso con los valores que deben guiar al servicio público, el respeto, la honradez, la decencia y la transparencia. Esta Ley le permite a cada empleado público comenzar su día con hasta cinco minutos de reflexión, un espacio para conectar con el propósito de servir a nuestro pueblo”, expresó la gobernadora.

La mandataria subrayó, durante la ceremonia,celebrada en el Salón de los Espejos, que la participación en este periodo es totalmente voluntaria y que bajo ninguna circunstancia podrá imponerse ni conllevar penalidades para quienes decidan no participar.

“Quiero ser bien clara, la participación es completamente voluntaria. Ningún empleado puede ser obligado a participar, y nadie puede ser penalizado por decidir no hacerlo. Este espacio no es religioso, ni político-partidista, ni ideológico. Respeta plenamente la libertad de culto y la separación de Iglesia y Estado consagradas en nuestra Constitución”, puntualizó.

La Ley también dispone que estos cinco minutos forman parte de la jornada laboral y se consideran tiempo trabajado, sin interrumpir los servicios que se ofrecen a la ciudadanía. Asimismo, cada agencia deberá establecer protocolos para garantizar que el espacio se utilice exclusivamente dentro de los parámetros establecidos.

Entre sus disposiciones principales, la legislación estipula que aplica a todas las agencias, dependencias, instrumentalidades y corporaciones públicas.

Además, define la reflexión como un proceso de análisis orientado a fortalecer la convivencia y la calidad del servicio público. Prohíbe expresamente el uso del periodo para promover ideas religiosas, político-partidistas o ideológicas, mientras garantiza la voluntariedad absoluta y la protección de los derechos constitucionales de los empleados públicos.