La senadora independiente Joanne Rodríguez Veve solicitó al Departamento de Justicia que inicie una investigación criminal sobre la práctica del aborto en Puerto Rico, tras asegurar que varias clínicas podrían estar realizando procedimientos sin cumplir con lo que exige la ley.

Según explicó, el referido surge luego de analizar información entregada por el Departamento de Salud en respuesta a una petición del Senado relacionada con las clínicas de terminación de embarazo en la isla.

Rodríguez Veve sostuvo que el Artículo 98 del Código Penal de Puerto Rico establece que el aborto es un delito, salvo en situaciones específicas. De acuerdo con esa disposición, el procedimiento solo sería legal si existe una indicación terapéutica previa, emitida por un médico autorizado en Puerto Rico y dirigida a proteger la salud o la vida de la embarazada.

Sin embargo, la senadora indicó que el propio Departamento de Salud reconoció que no recopiló ni conserva información sobre esa indicación terapéutica en los expedientes auditados, por lo que no pudo confirmar cuántos de esos abortos cumplían con ese requisito.

“El cumplimiento con los requisitos del Articulo 98 no puede, y nunca ha podido, descansar en presunciones a priori, alegaciones anecdóticas, afirmaciones o correcciones retrospectivas; tiene que constar de forma tangible, trazable y verificable en el expediente médico, precisamente porque se trata del fundamento fáctico y jurídico que excluiría el aborto del ámbito criminal”, expresó Rodríguez Veve.

Rodríguez Veve, además, señaló que en tres de las cuatro clínicas evaluadas surgieron problemas con la documentación médica.

En la clínica Women’s Medical Pavilion, dijo que los 10 expedientes revisados tenían documentos ilegibles, lo que impediría verificar si los procedimientos se realizaron conforme a la ley.

Mientras, en Darlington Medical Associates y en la Clínica de Planificación Familiar, se encontraron expedientes que no incluían el título profesional ni el número de licencia de la persona que realizó el procedimiento, lo que dificultaría confirmar si fue practicado por un médico autorizado.

Rodríguez Veve también señaló que la clínica Darlington Medical Associates registró un aumento significativo en abortos entre 2022 y 2024, luego de la revocación del caso Roe vs. Wade en Estados Unidos. Según afirmó, en ese periodo los procedimientos aumentaron en más de un 320%.

“Ante este escenario, el Departamento de Justicia tiene el deber de actuar. No actuar equivaldría a ignorar la evidencia que pone en duda el cumplimiento con la excepción penal; no puede presumirse lo que debe verificarse. Cuando la documentación oficial producida por el propio Estado no permite hacerlo, el deber del Departamento de Justicia no es esperar: es investigar”, agregó.

El referido fue enviado a la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres, junto con documentos del Departamento de Salud, material promocional de las clínicas y transcripciones de vistas públicas celebradas en el Senado.