El desprendimiento de una placa de metal en el expreso PR-30, en jurisdicción de Humacao, destapó la indignación de varios alcaldes por el deterioro en las condiciones de la mayoría de las vías de rodaje en el país.

Esto, ante el peligro al que se exponen miles de conductores que, a diario transitan por carreteras y puentes en pésimo estado, mientras que otros se ven obligados a tomar desvíos, ya que sus respectivas rutas están “temporeramente intransitables”.

De acuerdo con la secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Eileen Vélez Vega, la situación ocurrida a la altura del kilómetro 29.5, en dirección de Yabucoa a Humacao, se debió a que “se salió un material de una de las juntas”.

Aunque no pudo precisar de cuándo data la instalación del material afectado, la titular del DTOP reveló que “aproximadamente, 35,000 conductores pasan por ese segmento diariamente”.

“Hoy (ayer), se le hizo una pavimentación con asfalto temporera. Lo que se va a hacer es evaluar la junta, se hace el diseño de la junta como tal, para hacer el arreglo permanente. No debe tomar mucho tiempo”, aseguró.

“Nosotros hicimos un trabajo en la (avenida) Kennedy parecido a esto, hace unos meses, y se va a tratar igual que el de la Kennedy, para trabajarlo de emergencia y que sea permanente. Fue un proyecto que hicimos de noche y se hizo bastante rápido. Es lo que estamos evaluando para hacer el trabajo permanente”, explicó a Primera Hora.

Asimismo, dijo que la agencia monitorea el estado de los puentes en toda la isla, cada dos años, a través de un programa de inspección de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT).

“Las inspecciones se realizan cada dos años o si, por ejemplo, pasó como durante (el huracán Fiona) que tuvimos dos meses corridos de lluvia, de situaciones, pues se inspeccionan más seguido, para entonces asegurarnos si hubo algún problema. Si nosotros encontráramos que la condición no es segura para los conductores, nosotros cerramos ese puente para que nadie transite hasta que se puedan hacer las reparaciones”, manifestó.

Mencionó que, fuera del puente en el sector Cambalache en la PR-2, jurisdicción de Yauco, demolido por los daños que tuvo con el terremoto del 7 de enero de 2020, “no estamos trabajando ninguno de esa magnitud, que tenga entendido”.

“Ya el de Cambalache se inauguró recientemente, que fue uno de los que más sufrió con el terremoto. En el área de Ponce, estamos trabajando para mejorar las juntas, pero es un programa que la ACT está haciendo y, también estamos trabajando unos que son preventivos para alargarle la vida a estos puentes”, señaló al resaltar los proyectos activos en el puente de la autopista PR-52, a la altura de Ponce.

Truenan los alcaldes

Al enterarse de lo que pasó con el puente de la PR-30, el alcalde de Peñuelas, Gregory Gonsález Souchet, tronó contra el DTOP, al presuntamente no atender el cierre parcial de las carreteras PR-385 y PR-386 en su municipio.

Según el ejecutivo municipal, “ambas vías de rodaje sufrieron daños desde el pasado septiembre, en momentos en que el país experimentó el paso del huracán Fiona por la isla. Desde entonces las vías se encuentran cerradas o con limitación de carriles, lo que provoca que los ciudadanos lidien con ataponamientos y el aumento en el tiempo de viaje para desplazarse de un lugar a otro”.

“La razón para la dilación en las labores se debe a que la empresa contratada por el gobierno, alegadamente, carece de los materiales y el equipo para realizar los trabajos”, denunció en declaraciones escritas.

En Cayey, el alcalde Rolando Ortiz, señaló las pésimas condiciones de la PR-1, “entre Cayey y el sector La Piedra, a donde hemos tenido que socorrer a la gente porque las gomas se le rompen. La cantidad de personas que ya no quieren pasar por ahí es increíble”.

“Estamos evaluando la posibilidad de cerrarla temporeramente, y, pedirle al gobierno (central) que haga un paso provisional por la PR-14. Esto es intransitable. Hemos hecho reclamos a través de la senadora Gretchen Hau, a través del gobierno de Puerto Rico y no hay respuesta de ninguna naturaleza. Mi recomendación es cerrarla, porque no hay forma de paso por ahí”, insistió.

Por su parte, el alcalde de Adjuntas, José Hiram Soto Rivera, lamentó la presunta falta de movimiento del DTOP y ACT, para atender situaciones de alto riesgo.

“Específicamente, la carretera PR-523, que une el barrio Juan González con el barrio Pellejas, donde hubo un desprendimiento total de la carretera que comunicaba a ambos barrios, no tenemos ninguna información de qué trabajos van a realizar. Es una situación urgente. En la 131, tenemos la situación también de que la carretera va a ocurrir lo mismo que en la 523 y no vemos nada por parte de DTOP o de la Autoridad de Carreteras”, argumentó.

“De la misma manera, estamos viendo situaciones con la carretera 135, que es a donde más accidentes ocurren. Esa es la carretera que sale del sector Las Cabañas y conecta con la 129 hasta el barrio Portillo y la gente que va para Lares o el hospital de Castañer, tenemos una carretera de que, además de que resbala mucho, tiene varios desprendimientos y, después de Fiona, vemos algunas áreas que se van a desprender si DTOP no toma acción”, afirmó.

Al reaccionar a las imputaciones de estos alcaldes, la secretaria del DTOP, sostuvo que “sabemos de la situación de las carreteras, pero es lo que estamos haciendo actualmente, invirtiendo todo el dinero que tenemos disponible para mantener la repavimentación en toda la isla. sabemos que hay una condición de carreteras que hay que atender, pero se está atendiendo y se está trabajando con los municipios”.

En el caso de Peñuelas, la ingeniera dijo que “la ACT ya comenzó la evaluación de esos proyectos y sé que están trabajando. Es importante destacar que, ahí hubo una situación de derrumbe de rocas y hay que cuidar la seguridad de la ciudadanía, así que si la ACT no ha abierto el área es porque no es seguro para que las personas transiten”.

Igualmente, dijo estar al tanto de la denuncia del alcalde de Cayey y “hemos estado trabajando con los alcaldes, inclusive, con el alcalde de Adjuntas, sí se le responde y se le atiende”.

“El (alcalde de Adjuntas) reportó unas carreteras que tenía preocupación, que es la 135, con una situación de estricción de pavimento. Se han identificado fondos de ARPA para atenderla como una prioridad porque es una situación de seguridad vial y se le asignaron $2.5 millones para trabajarla. Estamos trabajando con la parte de contratos para hacer este proyecto”, enumeró.

“La 523, es una carretera que estamos trabajando con proyectos de FEMA que ya está bajo diseño. La carretera PR-1 en Cayey, ya hemos hablado con el alcalde, se comenzó de Salinas a Cayey y, se van a añadir $2.9 millones de ARPA para continuarla completa, de Cayey hasta Aibonito. Pero estamos trabajando con los contratos y contratistas que hay disponibles y, los alcaldes tienen toda esta información. Entendemos que hay prioridades que ellos mismos nos han dado”, agregó.

No obstante, subrayó la limitación de contratistas en el país para “atender 500 carreteras a la misma vez. Estamos trabajando por prioridad”.