A días de las marchas anunciadas en Hato Rey y Viejo San Juan por la celebración del primero de mayo, la Comisión de Derechos Civiles (DCD) divulga un informe contra las prácticas policiacas que vulneran los derechos de libertad de expresión, asociación e intimidad.

Según el comunicado de esta dependencia gubernamental, la CDC reclama un  cese y desista a la Policía de Puerto Rico por estas políticas.  El reclamo surge tras los hallazgos que detalló el organismo público en su Informe Vigilancia Gubernamental y Protesta Pública en Puerto Rico.

“Durante el periodo bajo investigación y en particular, alrededor de los eventos de protesta pública del primero de mayo de 2017, la Policía de Puerto Rico exhibió una carencia de controles y estructuras institucionales apropiadas para evitar el abuso discriminatorio de las prácticas de vigilancia en el contexto de la protesta pública, ya sea a través de la internet o presencialmente”, indica el informe al señalar que se evidenció, a su vez,  la ausencia de mecanismos de control vigorosos en las grabaciones y la vigilancia.

El primero de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, se celebra la próxima semana y, como ha pasado en años recientes, se han convocado manifestaciones masivas, encabezadas por diferentes marchas por Hato Rey que culminarán en la Milla de Oro, donde ubica las oficinas de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), y otras desde Capitolio a Viejo San Juan, sedes de la Asamblea Legislativa y la residencia del gobernador. La Policía ha dicho que no ha tenido comunicación al momento con organizadores de algunos de estas protestas para coordinar la seguridad.

Según el comunicado, el documento de 173 páginas plantea que la tecnología digital contemporánea hace posible que la vigilancia constitucionalmente cuestionable sea indetectable en muchos casos y permanezca impune. Expone además, que la  Policía de Puerto Rico carece de parámetros reales y efectivos, y las nuevas políticas por sí solas, no garantizan que continúen manifestándose elementos de una cultura institucional inadecuada desde el punto de vista de la protección de derechos.

“El riesgo de vigilancia selectiva inconstitucional es intolerablemente alto, pues en todas las etapas del proceso, desde la recopilación de información hasta los protocolos para su preservación y disposición, existen amplias oportunidades para el abuso de estos mecanismos. Vista la historia reciente de persecución política en este país resulta  imperativo que las instituciones de vigilancia policiaca de Puerto Rico sean repensadas en toda su extensión desde una perspectiva de derechos humanos", dijo la presidenta de la CDC, Georgina Candal Segurola

La intervención de la Comisión de Derechos Civiles surgió de la querella 2017-04-16861 presentada por los legisladores Denis Márquez y Juan Dalmau, tras las expresiones emitidas por la Coronela Michelle Hernández de Fraley, entonces Superintendenta de la Policía de Puerto Rico.  Hernández Fraley expresó que la Policía monitoreaba las redes sociales de los y las manifestantes, en anticipo a las actividades del primero de mayo.  En la querella se alegó que dichas expresiones eran una práctica de espionaje digital tan repudiable e ilegal como el carpeteo sufrido por cientos de miles de independentistas en el pasado. La querella planteó, a su vez, la necesidad de examinar las prácticas y políticas de la agencia de ley y orden de Puerto Rico que inciden sobre la supervisión de la actividad de la protesta pública.

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Como parte del proceso de investigación, la Comisión celebró tres vistas públicas con participación de personas de la comunidad y funcionarios públicos; realizó múltiples requerimientos de información a la Policía de Puerto Rico; un requerimiento de información a un proveedor de servicios de internet; una inspección ocular al Centro de Recopilación, Análisis, Diseminación de Inteligencia Criminal (CRADIC) y a la División  de Crímenes Cibernéticos de la Policía, así como el examen de cientos de documentos.

Algunos hallazgos

a) la Orden General Núm.600-613, vigente para el 1 de mayo de 2017, carecía de criterios para controlar la discreción de la Policía para llevar a cabo el monitoreo de las redes sociales. 

b) las expresiones de la otrora Superintendenta,  el 26 de abril de 2017, -(Estamos monitoreando las redes sociales, tenemos acceso a lo que se ha manifestado de las diferentes organizaciones) entre otras, previo a las actividades del 1ro de mayo de 2017,  probablemente tuvieron un efecto disuasivo o “chilling effect” sobre las personas, lo que afectó adversamente el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión, asociación e intimidad.

c)  la Policía adquirió ‘drones’ sin políticas, sin planificación, sin permisos de uso y sin adiestramiento para asegurar el uso adecuado y en cumplimiento con los derechos de libre expresión y asociación de las personas. Además de que las grabaciones examinadas del 1ro de mayo de 2017 muestran grabaciones dirigidas a identificar personas.

 “Por  la seriedad de los hallazgos y conclusiones del  informe, la Comisión de Derechos Civiles considera apremiante que el Negociado de la Policía de Puerto Rico cese y desista de forma inmediata de las prácticas y políticas de vigilancia y monitoreo de las actividades de protesta que vulneran los derechos de libertad de expresión, asociación e intimidad de las personas.” expresó la Presidenta citando el extenso informe de la Comisión de Derechos Civiles.

Satisfecho uno de los querellantes

Uno de los querellantes, el representante Márquez, se expresó complacido con el informe. “Este informe confirma y valida múltiples señalamientos contenidos en nuestra querella como por ejemplo que la Policía de Puerto Rico monitorea selectiva e indebidamente las redes sociales de personas que protestan en este país y que graban ilegalmente actividades públicas de protesta sin cumplir con la ley, la Constitución y sus propias normas”, expresó Márquez Lebrón.

“Mi reconocimiento a la CDCPR por la atención y el trabajo realizado a raíz de nuestra querella incluso en momentos en donde el organismo ha recibido el embate de recortes a su presupuesto. El trabajo de la CDCPR es de suma importancia porque en este país el carpeteo, la persecución política, la violación de derechos civiles, humanos y la intimidad de las personas han sido desafortunadamente parte de nuestra historia particularmente contra el independentismo como una manera de desarticularlo”, manifestó el también abogado.