El secretario de Justicia Luis Sánchez Betances indicó  que no se puede hablar de cuánto costará la contratación del jefe de alguaciles de Nueva Jersey, Juan Mattos, como del asesor técnico a cargo  de velar por el cumplimiento de la reforma  de la Policía, ya que “todavía no ha sido contratado” y será éste quien determine el personal que requerirá para la implantación de los cambios.

En tanto, activistas de los derechos humanos que colaboraron en la investigación de los actos de brutalidad policiaca y  violaciones de derechos civiles por parte de efectivos del cuerpo policiaco  le expresaron su malestar y su indignación al propio Mattos  por no habérsele permitido participar de la selección  del asesor,  en una reunión convocada por el Departamento de Justicia federal  en el Colegio de Abogados.

Sánchez Betances, por su parte, indicó a Primera Hora que recomendó a Mattos como asesor técnico  a Justicia federal, ya que según el decreto y acuerdo firmado ante el juez federal Gustavo Gelpí,  establece que la selección le correspondía a las dos agencias en conjunto.

¿Cómo lo van a contratar sin fijar lo que va a costar?

No es él como empleado. Es un equipo que va a tener. Entonces se contratará. Ya ha habido otros asesores técnicos   en otras jurisdicciones. Ya tenemos puntos de referencia para aspectos  de contratación.

¿Fue  impuesto?

No. Primero que no es un monitor. No es impuesto por el tribunal.  Fui yo el que lo escogí. El acuerdo señala: “The parties shall select technical to assess and report....”

¿Por qué  resulta difícil decir que es una sindicatura?

Porque no es una sindicatura. Porque no es cierto. Una sindicatura  es cuando envían a alguien a correr la Policía.  Esto lo que va es a  ver que las  reforma  se cumplan. Lo que va es a evaluar y recomendar. Ha habido mucha mala información. Es un asesor técnico de cumplimiento.

¿Va a costar más que (Héctor) Pesquera?

Es que no es un individuo. Es un equipo. No se puede usar de punto de  referencia el  contrato con Pesquera. El asesor y su equipo va a ser una empresa costosa. Estamos hablando de profesionales y muchos de ellos  viajando a Puerto Rico.

Mattos, indicó el Secretario, es un ente independiente y le responderá al Tribunal Federal.  Este va   a evaluar  y revisar las medidas que  está tomando la  Policía para cumplir con el acuerdo de reforma  y recomendar cursos de acción.

“Nos va a ayudar a dirigir los  esfuerzos de reforma y cumplir cabalmente los acuerdos. Entre sus deberes, reportarle al tribunal periódicamente, en  las distintas etapas lo  que  se está cumpliendo de ese acuerdo”, acotó.

Acalorada discusión con el monitor

Ada Conde, de la comunidad LGBTT; José Rodríguez y Esteban Hernández,  del Comité de Derechos Humanos Dominicanos (CDHD) y William Ramírez, director de  la Sociedad Americana de Libertad de Derecho Civiles (ACLU), entre otros, denunciaron ante el monitor, en una reunión bien caldeada convocada por el Departamento de Justicia federal, la falta de transparencia de “este Gobierno”, criticando el que no se les haya dado participación para la selección del funcionario.

Cuestionaron además, la composición de un grupo  de asesoramiento ciudadano, nombrado durante la administración de Luis Fortuño, que no es representativo de los sectores víctimas de la brutalidad.

“No se fue transparente.  No se contó con la misma gente que plantearon las agresiones, porque son los que temen a la Policía. Yo planteé que había falta de transparencia, que no se contó con el pueblo como se ha hecho en otros lugares y queremos saber si la decisión de su selección es  final o si podíamos  cuestionarlo y dar nuestra opinión  de aceptarlo o no”, dijo el  director de ACLU en Puerto Rico.

“Él mismo dijo que no sabía si aceptaría o no. Luego de nosotros cuestionarlo y confrontar a los fiscales del Departamento de Justicia federal  y  decirles porque nos sentíamos de esa forma y por qué se desconfía, que nada es transparente, que todo es secreto, él se vio más decidido a aceptar el puesto”, relató Ramírez. 

“Le dejamos saber que  el Superintendente  era una  persona sumamente bien pagada por hacer un trabajo que no se ve y, aún si lo hay, no te enteras, porque todo es secreto”, agregó.

Mientras, Rodríguez, del CDHD, expresó su malestar por el grupo interagencial de la Policía, seleccionado inclusive  antes del asesor ser nombrado, que es el que le va a dictar la política pública del Gobierno  en asuntos de la Policía.

“No es un movimiento  crítico para dictarle cuáles son sus fallos de golpear y asesinar a miembros de la comunidad. Le dijimos que esperamos respuestas de ellos porque, si no, ya tenemos abogados  para radicar un  pleito en la Comisión Interamericana  de Derechos Humanos”, acotó.

“Él no estaba al tanto de la situación  y dijo que  estaba totalmente de acuerdo que se debe escuchar a las personas. En otros estados se han hecho vistas públicas para elegir al monitor. Aquí vemos que  están  usando la  dedocracia”, dijo.

Conde, por su parte, indicó que le estaban haciendo una falsa representación al Gobierno federal, “porque no están haciendo un verdadero cambio. Se van con el compromiso  de que hay que hacer todo de nuevo y que hay que hacer un verdadero consejo de ciudadanos representativo de los sectores que han sido agredidos por la Policía para hacer una verdadera reforma”.

Tras la caldeada e intensa discusión, los niveles bajaron y todos quedaron satisfechos y complacidos.

¿Qué  impresión les dio? preguntamos.

“La impresión es que es una persona afable, amistoso y podemos trabajar con él  en el proceso. Él va a contar con nosotros porque somos los que estamos en el ruedo. Somos los golpeados”, dijo Rodríguez.

Conde expresó que no  impugnaron al candidato porque demostró que tiene las cualidades, el temperamento necesario  y las cualificaciones profesionales.

“Está   altamente cualificado  y se dio cuenta que aquí no se llevó el proceso adecuado, que son las personas afectadas por el abuso policiaco. Lo que se le solicitó entonces al Departamento de Justicia federal que  se le exija al Gobierno de Puerto Rico que cree  un nuevo consejo ciudadano de las comunidades afectadas por el abuso policiaco”, dijo.

Ramírez señaló: “Al final de todo, nos dimos cuenta que es una persona  muy abierta. Hubo consenso en que fue una buena selección. Es una  persona  muy capacitada con una apertura que rara vez se ve en Puerto Rico. No es como Pesquera, que uno no le puede cuestionar porque se molesta. Le bajamos bastante fuerte y la cosa se puso tensa. Él no lo tomó mal y entendió la molestia”.

Horas después de esta reunión, anoche se supo que el superintendente, que no acudió al cónclave, había renunciado a su cargo, efectivo el 15 de noviembre.