El superintendente José Luis Caldero López nombró a la coronela Michelle M. Hernández de Fraley como rectora interina del Colegio Universitario de Justicia Criminal, luego de la renuncia el miércoles del rector saliente, Guillermo Torruella.

La salida de Torruella será efectiva el 30 de mayo, por lo que la funcionaria asumiría el cargo al día siguiente.

"Agradecemos el tiempo de servicio (de Torruella) frente al colegio universitario y su compromiso con el entrenamiento de los policías en las diferentes facetas", dijo Caldero en declaraciones escritas.

Hernández de Fraley llegó a la Policía en febrero. Desde entonces se desempeña como asistente especial del Superintendente y está a cargo de la organización estratégica de la uniformada.

Poco después de que oficializara su salida, Torruella y Caldero López comparecieron durante la mañana de hoy, jueves, ante la Comisión senatorial de Hacienda y Finanzas Públicas para discutir los presupuestos recomendados para sus respectivas agencias.

Al concluir la vista pública, Torruella rechazó que su renuncia responda a los cambios que se avecinan para el colegio, e insistió en que la decisión obedece a una oportunidad de expansión de un negocio que su familia tiene hace casi tres décadas.

"Es bien difícil la decisión, en el aspecto de que estoy apasionado y orgulloso de lo que estoy haciendo y lo que hace la Policía. Pero realmente, en este momento, entiendo que me han surgido estas oportunidades, que dejarlas pasar sería inoportuno", manifestó el rector a este medio.

Torruella dijo que se puso a disposición del superintendente de la Policía para asistirlo en todo lo que requiera durante el proceso de transición. "Los policías saben que cuentan con mi apoyo, y estoy para ellos", afirmó.

Nombrado al puesto en septiembre del año pasado por el exsuperintendente Héctor Pesquera, en sustitución de la rectora Zulma Méndez Ferrer, Torruella completa un ciclo de cuatro años en los que trabajó para la Policía en varias facetas relacionadas con la reforma policial ordenada por el juez federal Gustavo Gelpí, tras alcanzarse un acuerdo por una demanda incoada por el Departamento de Justicia federal.

Torruella, abogado de profesión, inició en la Oficina del Monitor de la Policía en el 2010, pasó a ser asesor de la Uniformada en material de la reforma y más tarde fue nombrado "Chief of Staff" del cuerpo de seguridad pública bajo el mandato de Pesquera, quien posteriormente lo nombró como jefe de la Oficina de la Reforma.

Al afirmar que el 70% de los acuerdos alcanzados en la reforma policial están atados al área de adiestramiento, Torruella enumeró lo que considera son sus principales logros durante los ocho meses que estuvo al mando del colegio, ubicado en Gurabo. Allí, dijo, llegó enfrentado un déficit de $3 millones y se va con un superávit de $1 millón.

En lo que concierne a la Escuela de Investigación Criminal, se prepararon a 66 policías en entrevistas e interrogatorios, 43 en investigación criminal básica, a 24 como técnicos auxiliares de explosivos y a 25 como técnicos de escena.

En el área de tiro, dijo que se unificaron las tres visitas anuales al polígono a una sola de ocho horas, y se aumentó el grado de dificultad del examen. "Se añadieron medidas de movimiento y más disparos", sostuvo al indicar que 5,626 miembros de la Policía han tomado el adiestramiento.

En cuanto al uso del batón expandible, dijo que en el 2011 se habían adquirido 13,000 de estas unidades, pero no se habían repartido, ya que no se habían dado las requeridas certificaciones para su uso. Ya 2,880 policías han tomado el adiestramiento, dijo.

Torruella también destacó una alianza que inició con el St. Petersburg College de Florida para impartir en noviembre unas charlas a los coroneles sobre el concepto de policía comunitario. Desde entonces, este adiestramiento también se ha ofrecido a otros altos oficiales en las instalaciones del Colegio Universitario de Justicia Criminal y la Academia de la Policía, en Villalba. El resto de la plantilla de la Policía recibirá los cursos luego que se prepararan a 35 instructores que darán las charlas en las áreas policíacas.

En el campo de derechos civiles, Torruella destacó que se hizo un acercamiento con Ever Padilla Ruiz, director ejecutivo de la Comisión de Derechos Civiles, con la intención de impartir talleres sobre el tema.

No obstante, la continuación de estos cambios estará sujeta a la voluntad de Caldero López. De aprobarse una serie de proyectos legislativos, el Colegio Universitario de Justicia Criminal pasará a ser un programa dirigido al campo de la táctica policial y la profesionalización de los uniformados, y será supervisado directamente por el jefe policial. El superintendente es el presidente de la junta del colegio.

El Gobierno y la Legislatura también buscan, a través de varios proyectos de ley, facultar a otras instituciones de educación superior para que otorguen los grados asociados en justicia criminal que toman los aspirantes a integrar la Policía. Esta medida reduciría dramáticamente el presupuesto del colegio y el tiempo que los aspirantes pasan en ella.

Torruella dijo que no se opone a la medida. "No es negativa en el sentido de que va a reenfocar (al colegio) en el área operacional y táctica. Si se lleva a cabo de manera reglamentada, estamos volviendo a reenfocar a la Academia de la Policía", sostuvo.

Dentro de poco, comenzará una nueva clase de 240 cadetes en la institución. Esta clase se beneficiará de 900 horas de preparación en áreas de operaciones y tácticas, un aumento de 275 horas al tiempo que se les destinaba a otros cadetes en el pasado, resaltó Torruella.

La periodista Rebecca Banuchi contribuyó con este reporte.