“Sí hay un gran descontento; no es solamente de la población en general en cuanto a cómo el señor (Héctor) Pesquera y la alta gerencia han estado manejando las intervenciones de la Policía en la calle, sobre todo en las manifestaciones que hay contra la Junta (de Supervisión Fiscal)… sino además de los propios policías, en términos del trato que se les está dando”.

El licenciado Fermín Arraiza, director legal de la ACLU, confirmó la celebración de una cumbre “para recibir información directamente del policía que está en la calle y de los gremios, porque sabemos que la opinión y la experiencia de ellos es muy distinta a la que está proyectando Héctor Pesquera y la alta gerencia de la policía”.

Hoy, el presidente del Frente Unido de Policías Organizados (FUPO), Diego Figueroa, dijo a Primera Hora que el licenciado William Ramírez, director ejecutivo de la ACLU, lo llamó para anunciarle la celebración en febrero de una cumbre de violación de derechos civiles por parte de la alta gerencia de la Policía contra miembros de la uniformada.

Ambos entrevistados coincidieron en que áun no hay fecha porque en el encuentro deben participar todos los relacionados al pleito, incluyendo al monitor federal Arnaldo Claudio y al Departamento de Justicia (DJ) Federal que en el 2008 inició una investigación por alegadas prácticas de violaciones de derechos civiles y que culminó en el 2011 con un informe que confirmaron irregularidades.

Se discutirán asuntos como el salario y el de las pensiones.

“Nuestro sentir es que en la medida en que los policías sigan trabajando bajos condiciones de trabajo infrahumanas, sin la paga por sus servicios, sin el equipo necesario para poder hacer su trabajo, y mientras se sigan afectando sus pensiones y no se atienden los problemas de salud mental que hay… pues lo que va a ocurrir en la calle es que seguirán aumentando los problemas de violación de derechos civiles”, dijo el abogado.

También se verán asuntos como los ascensos.

“Se han cometido muchísimas violaciones, incluso reglamentarias dentro de todos estos procesos, y se supone que todas estas situaciones sean atendidas por la Reforma de la Policía”, advirtió.

Arraiza le dijo a los uniformados que “queremos que ellos sepan que nosotros estamos pendientes a cuál es la situación del policía individual; cuáles son los derechos que se les están violando y queremos tratar de recoger el insumo de ellos para llevarlo al Monitor y al DJ federal que son quienes están llevando el pleito para lograr la Reforma aquí en Puerto Rico”.

Precisamente esta tarde se comunicaría con el monitor Claudio y con el DJ para cuadrar la fecha.

Insistió en que la prioridad es escuchar a los policías de a pie que al igual que la ACLU no fueron invitados a la cumbre que celebró ayer el gobierno para lidiar con la problemática de la criminalidad.

“Definitivamente lo que se suscitó ayer nos dejó un mal sabor en términos de las personas y los gremios que fueron invitados y los que se dejaron fuera, porque nos parece que la mejor forma de obtener información sobre las necesidades de la Policía es de los policías que están trabajando día a día en la calle y no únicamente de la alta gerencia, porque esos no se ven afectados en sus salarios”, indicó el licenciado.

Mientrsa, las quejas contra Pesquera no cesan y los gremios son los primeros en denunciarlo. Incluso, algunos entrevistados por Primera Hora dijeron que lo que hace Pesquera es atrasar la Reforma.

“De hecho, son parte de las denuncias que se han hecho desde el principio, cuando se crea este Negociado de Seguridad… el hecho de que se quiere pasar por encima de lo que era la Superintendencia de la Policía para tratar de eludir las órdenes del tribunal. No obstante, el Tribunal Federal ha logrado emitir órdenes que cubren incluso a la alta gerencia actualmente, entiéndase el señor Héctor Pesquera”, argumento Arraiza.

Reconoció que “hay ocasiones en que las posturas asumidas por la alta gerencia de la Policía han sido un obstáculo para poder implementar la reforma y con eso hay que trabajar día a día, y lo tienen que manejar los abogados en el pleito ante el juez federal Gustavo Gelpi”.

Le advirtió que “ellos  tienen que cumplir con la reforma y sí, entendemos que las instrucciones que se están dando desde la alta gerencia y la forma en que se están llevando a cabo los operativos no reconocen el problema de seguridad que enfrenta el país y nos parece que esto es un asunto que se debe atender con urgencia y asignando los recursos que amerita esta situación”.

De otro lado, Arraiza también le dijo a los diversos gremios y a los policías que están en la calle que la mirilla de la ACLU está en ellos.

“Ellos tienen que tener muy claro que nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, tratando de atender el problema que enfrentan los policías pero también vamos a estar enfrentando a la Policía cuando se trata de violaciones de derechos civiles de las personas aquí en Puerto Rico”, les recordó.

Posterior a esta publicación, el comisionado del Negociado de la Policía, Henry Escalera, reaccionó por escrito.

Aquí adjuntamos su respuesta de manera íntegra:

“El Negociado de la Policía reafirma el compromiso de garantizar el respeto de los derechos civiles tanto de los ciudadanos como de los miembros de la Uniformada. Contamos con amplia reglamentación interna aprobada por el Departamento de Justicia Federal y el Asesor de Cumplimiento Técnico que regula la conducta de todos los empleados así como establece los procedimientos a seguir en aras de respetar el debido proceso de ley que les asiste. En el desempeño de nuestras labores como Autoridad Nominadora promovemos el fiel cumplimiento de los estándares reguladores de la Agencia en total concordancia con el ordenamiento jurídico vigente.

Continuamos trabajando incansablemente el cumplimiento del proceso de Reforma, tan es así que en la vista pública convocada por el juez Gustavo Gelpí en el Tribunal Federal citada el pasado 6 de diciembre de 2018 el propio juez reconoció la labor y el progreso de los miembros del Negociado durante el periodo de capacidad de la Reforma e iniciado el periodo de cumplimiento de la misma y aludió al trabajo realizado en el manejo de las manifestaciones del pasado 1ero de mayo de 2018. Así mismo, reconoció los adelantos en los adiestramientos de los miembros de la uniformada en diversos temas, tales como: uso de fuerza, violencia doméstica, delitos sexuales, entre otros. Es importante establecer que nos mantenemos firmes en continuar el desarrollo de una uniformada de avanzada y respetuosa de las máximas constitucionales.

En cuanto a los recursos asignados, cabe señalar que el gobernador Ricardo Rosselló hizo una asignación de $1,500 anuales como aumento al salario de los policías; se aprobó con vigencia inmediata el Reglamento para Autorizar el Empleo Fuera de la Jornada Legal de Trabajo de los Miembros del Negociado de la Policía (off duty), incluyendo de manera novel la utilización del uniforme en el desempeño de dicha jornada; se han entregado 35 motoras y 120 patrullas de unas compras de 122 motoras y 211 patrullas nuevas; en diciembre de 2018 se comenzó a pagar por concepto de la deuda de ajuste salarial, a partir de una asignación para este año fiscal de $122 millones.

Cabe destacar, que ante los planes implementados y el trabajo comprometido de los miembros del Negociado al día de hoy estamos con 22 asesinatos menos y menos 18% en delitos contra la persona y la propiedad en comparación con el año pasado”.