La senadora independientista María de Lourdes Santiago presentó este martes una medida para fiscalizar la gestión de la Policía y proteger los derechos humanos.

Se trata del Proyecto del Senado1142 para crear el Panel Independiente de Ciudadanos para la Supervisión de la Gestión Policial en Puerto Rico, que funcionaría como un ente independiente al Gobierno.

Este panel tendría la responsabilidad de investigar las alegadas violaciones a los derechos civiles por parte de agentes del orden público, y en aquellos casos meritorios, podrá iniciar las acciones correspondientes, ante los organismos adjudicativos que entienda.

"Estamos presentando en la tarde de hoy lo que nos parece es la respuesta urgente y necesaria a la inacción gubernamental ante los repetidos señalamientos de violación de derechos civiles por parte de la Policía de Puerto Rico", expresó la senadora.

"En varios informes -Departamento de Justicia, Colegio de Abogados, la ACLU- se ha documentado el efecto de los excesos cometidos por la Policía de Puerto Rico y hasta el día de hoy no se ha provisto un mecanismo que pueda generar confianza en los agentes del orden público y en la Policía de Puerto Rico como institución", agregó Santiago en conferencia de prensa celebrada este martes en el Salón de Prensa del Senado, donde estuvo acompañada por William Ramírez, director de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) en Puerto Rico, así como por el licenciado Luis Enrique Romero, asesor de su oficina y redactor de la medida junto con miembros de la ACLU.

La senadora destacó que el panel -que contaría con un presupuesto de $250,000 anuales- se compondría de siete miembros que no podrán ser funcionarios o empleados de alguna agencia de orden público ni ocupar un puesto oficial en un partido político o agrupación de ciudadanos.

Estos miembros serían nombrados por el gobernador en virtud de las nominaciones que le serán sometidas, una por el presidente del Senado, una por el presidente de la Cámara de Representantes, una por la presidenta del Tribunal Supremo, así como dos por el Colegio de Abogados y dos por la ACLU de Puerto Rico.

Este panel, enfatizó, tendrá la obligación de presentar un informe ante la Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación (CIPA) en caso de que la entidad nominal no haya actuado en un periodo de 120 días.

"Uno de los grandes problemas que existe actualmente es la cantidad de querellas que perecen en alguna gaveta de la Policía de Puerto Rico, en algunos casos por años, y se afectan todas las partes involucradas. Con esta medida buscamos que haya un mecanismo que obligue a la consideración de los méritos de las quejas que presenten los ciudadanos", sostuvo la senadora.

El director de la ACLU en Puerto Rico, por su parte, catalogó la medida como de avanzada a la vez que aclaró que el panel realizará funciones diferentes al Monitor de la Policía, que todavía no ha sido nombrado por el superintendente, José Caldero. 

"El monitor o monitora de la Policía tiene la función de hacer cumplir la orden del tribunal, por lo tanto, responde al Tribunal Federal. Esta comisión responde al pueblo de Puerto Rico, que es muy distinto", precisó Ramírez, quien agregó que esta comisión es una de las recomendaciones que la ACLU hizo al tribunal federal para atajar la problemática de la violación de derechos civiles por parte de la Policía.