MINNEAPOLIS. Un juez dictó el jueves una extraordinaria condena de prisión —casi 42 años— a la exdirectora de una organización sin fines de lucro de Minnesota, declarada culpable de un asombroso caso de fraude de 250 millones de dólares que contribuyó a la intensificación de las medidas de control migratorio por parte del gobierno de Trump.

Aimee Bock dirigía ‘Feeding Our Future’, organización que afirmaba haber proporcionado millones de comidas a niños necesitados durante la pandemia. “Entiendo que fallé. Le fallé al público, a mi familia, a todos”, declaró Bock ante un tribunal federal.

El presidente Donald Trump utilizó los casos de fraude contra Bock y muchos otros para justificar inicialmente un despliegue masivo de agentes federales en el área de Minneapolis-St. Paul el invierno pasado, lo que provocó el rechazo de los residentes y la muerte de dos personas.

“Feeding Our Future funcionaba como un canal de sobornos, abierto a cualquiera dispuesto a presentar reclamaciones fraudulentas y pagar sobornos”, afirmaron los fiscales en un documento judicial. “Las repercusiones de sus acciones son profundas, incalculables y tendrán consecuencias duraderas tanto para Minnesota como para la nación.”

Bock fue declarada culpable el año pasado de múltiples cargos relacionados con conspiración, fraude electrónico y soborno. Durante mucho tiempo insistió en su inocencia.

Su abogado, Kenneth Udoibok, solicitó una sentencia mucho más corta, argumentando que Bock había proporcionado información a los investigadores. Sostuvo que Bock había sido injustamente señalada como la autora intelectual e insistió en que dos coacusados eran los responsables de dirigir las estafas.

Según los fiscales, la organización sin fines de lucro se encontraba al frente de una red de fraude que incluía una red de organizaciones asociadas, sitios de distribución falsos, sobornos y listas falsas de niños que supuestamente recibían alimentos. Decenas de personas, muchas de ellas pertenecientes a la numerosa comunidad somalí del estado, han sido condenadas por su participación en una serie de casos de fraude alimentario interrelacionados que han estado en los tribunales durante años.

Mientras tanto, esta semana las autoridades presentaron cargos adicionales contra otras personas en una extensa investigación sobre el gasto federal en servicios sociales en Minnesota.

Entre los acusados se encuentra Fahima Mahamud, exdirectora ejecutiva de Future Leaders Early Learning Center, una guardería infantil en Minneapolis. Según la fiscalía, durante tres años, la organización de Mahamud recibió un reembolso aproximado de 4.6 millones de dólares por servicios prestados a personas que no realizaron el copago requerido.

El jueves, no se obtuvo respuesta inmediata a un mensaje enviado a su abogado para solicitar comentarios. Mahamud fue acusada por separado en febrero de fraude relacionado con comidas. Se declaró inocente.

Otras dos personas fueron acusadas de conspirar para obtener 975,000 dólares en subsidios de Medicaid por servicios de vivienda que no se prestaron. Se espera que se declaren culpables en junio, según consta en un documento judicial.

Otras dos personas fueron acusadas de recibir 21.1 millones de dólares facturando a Medicaid por terapia para el autismo que era innecesaria o que no se prestó. Los investigadores indicaron que pagaban a las familias hasta 1,500 dólares por niño al mes para que se inscribieran en el programa y recibieran el reembolso.

Trump, quien desde hace tiempo critica a los somalíes, arremetió el año pasado contra el estado, calificándolo de “centro de lavado de dinero fraudulento”. También criticó la gestión del gobernador Tim Walz, candidato demócrata a la vicepresidencia en las elecciones de 2024.

“Las bandas somalíes están aterrorizando a la gente de ese gran estado, y faltan miles de millones de dólares. ¡Que los devuelvan a su lugar de origen!”, escribió Trump en redes sociales.

La Fiscalía Federal afirma que la gran mayoría de los acusados en estos casos son de ascendencia somalí, pero Bock es blanca y la mayoría de los acusados son ciudadanos estadounidenses.

El aumento de la inmigración provocó repetidas protestas y enfrentamientos entre residentes y agentes federales, y resultó en los asesinatos de Renee Good y Alex Pretti.