Los miembros de la Cámara de Representantes estarán debatiendo en la sesión plenaria de hoy un proyecto de la presidenta, Jennifer González, que propone autorizar al Departamento de Corrección y Rehabilitación a monitorear y bloquear las comunicaciones celulares de la población penal.

El proyecto 2398 pretende establecer como política pública evitar las comunicaciones no autorizadas entre personas confinadas en instituciones de adulto y jóvenes con gente externa.

“El uso irrestricto de sistemas de comunicaciones, incluyendo el teléfono celular es uno de los privilegios que pierde la persona que ha incurrido en conducta delictiva”, plantea la medida.

El rastreo y monitoreo de comunicaciones no aplicará a las conversaciones entre abogado y cliente, señala el proyecto, y la agencia deberá aprobar reglamentos y protocolos para proteger la misma.

Una de las razones esbozadas en el proyecto para justificar la restricción tecnológica es la proliferación de fraudes e intimidación por vía telefónica en los que se ha encontrado que se originan desde las cárceles. “El uso de sistemas de comunicación desde las instituciones penales y civiles amenaza la vida y bienestar del pueblo y perjudica el proceso de rehabilitación que es mandato constitucional”, señala la exposición de motivos del proyecto.

Un paquete de medidas, incluyendo el proyecto 2398, se sometieron en conjunto a discusión esta tarde en el plenario de la cámara baja, lo cual motivó una discusión muy activa entre los representantes.  El único proyecto incluido en el calendario del plenario que se dejó sobre la mesa fue el 2411, el cual propone enmiendas a la Ley de Menores para añadir como falta de clase III la posesión con intención de distribuir sustancias controladas y establecer que será procesado automáticamente como adulto todo menores entre las edades de 15 a 18 años por delitos bajo la Ley de Sustancias Controladas.

Entre las medidas que votará hoy la Cámara también figuran enmiendas a la Ley de Armas a fin de tipificar como delito disparar desde un vehículo de motor en marcha y añadir penas contra personas que intencionalmente otorguen armas de fuego a menores de 18 años y en los casos de que dichos menores causen daños a otros o a sí mismos o cometan faltas graves mientras portan las mismas.