La Oficina del Contralor de Puerto Rico emitió un informe sobre las operaciones fiscales en el Municipio de Gurabo que revelan desde esculturas cuestionables y proyectos en desuso, hasta la contratación de una empresa cuando estaba ligada a un convicto federal por soborno.

Según un comunicado de prensa, el Informe reveló que el Municipio no celebró subasta pública para llevar a cabo trabajos de repavimentación de varias carreteras por $2 millones, sino que enmendó y sumó dicha cantidad al contrato con la compañía que se había llevado la subasta original por $4 millones.

Además, otorgó un contrato por $116,200 para la adquisición de varias esculturas de bronce sin celebrar subasta pública, y fraccionó 11 contratos y una enmienda de un total de $1.3 millones para evadir el procedimiento de subasta pública.

Se trata de una práctica que el contralor denunció en informes anteriores, M-13-05 del 2012 y M-15-12 del 2014. Los tres informes ocurrieron bajo la incumbencia del novoprogresista, Víctor Manuel Ortiz Díaz, actualmente acusado a nivel federal por soborno y cuyo juicio está pautado para comenzar con la selección de jurado el próximo 13 de agosto.

La auditoría de tres hallazgos, señala que el Municipio a pesar de operar con déficit, pagó $2.1 millones en proyectos sin utilidad y que no han rendido beneficio para la ciudadanía. La escultura El Cristo de la Montaña no se ha instalado, y las piezas están deterioradas y abandonadas. Las esculturas en bronce y piezas artísticas de la Plaza de la Puertorriqueñidad siguen almacenadas desde el 2013 y se encuentran deterioradas y en desuso. A pesar de la remodelación de la Biblioteca Municipal en el 2016, la instalación aún no ha sido utilizada. Las instalaciones de una pista de caballos de andadura que se construyó del 2014 al 2016, no se ha utilizado y está abandonada.

También los auditores identificaron que se pagaron $37,120 en la construcción de un pozo séptico y baños en el parque de béisbol del barrio Masas II. Sin embargo, estas obras ya estaban incluidas en el contrato original de $99,999 por lo cual se realizó un pago adicional indebido contrario a ley y reglamentación.

El Informe comenta que el Municipio contrató en el 2012 la construcción del parque de pelota del barrio Celada por $6 millones, a una sociedad especial cuyo presidente se había declarado culpable por soborno en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico. Dicha persona cedió su participación en la sociedad especial a un fideicomiso, pero mantenía interés en las ganancias generadas contrario a la Ley 458-2000 que prohíbe entre otras cosas, que ninguna entidad gubernamental contrate a personas convictas o culpables en los foros estatales o federales.