En medio del creciente uso de pagos digitales en Puerto Rico, varias de las principales organizaciones del sector comercial expresaron su respaldo al Proyecto de la Cámara 1216, una medida que busca eliminar el cobro de comisiones sobre el Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) en transacciones electrónicas.

El proyecto propone prohibir que instituciones financieras, procesadores de pago y redes de tarjetas apliquen las llamadas swipe fees sobre la porción del IVU, argumentando que se trata de dinero que no pertenece a los comerciantes, sino que estos recaudan para el Gobierno.

La iniciativa cuenta con el respaldo de entidades como la Asociación de Comercio al Detal (ACDET), la Asociación de Restaurantes (ASORE), la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA), el Centro Unido de Detallistas (CUD), la Asociación de Centros Comerciales (ACCP) y la Asociación de Comerciantes en Materiales de Construcción (ACMC).

Según estas organizaciones, el modelo actual obliga a los negocios a pagar comisiones sobre el total de la transacción, incluyendo el IVU, lo que representa un costo adicional sobre fondos que no constituyen ingresos del comercio.

“El IVU es dinero que el comerciante administra temporalmente y luego remite al Estado. Cobrar comisiones sobre esa cantidad no responde a la naturaleza real de la transacción”, sostuvieron portavoces del sector.

Datos compartidos por el sector apuntan a que el impacto económico de esta práctica es significativo. Para el año fiscal 2025, los recaudos del IVU superaron los $3,000 millones. De esa cifra, se estima que cerca del 60% proviene del comercio al detal.

Con una tasa promedio de comisión de 3%, los comerciantes habrían pagado más de $50 millones en cargos bancarios únicamente por procesar el impuesto.

Los grupos advierten que estos fondos salen del ecosistema económico local, en lugar de destinarse a inversión, creación de empleos o mejoras operacionales.

El respaldo a la medida surge en un contexto de rápido crecimiento de las transacciones electrónicas. Informes de la industria reflejan un aumento significativo en el uso de tarjetas, así como una alta dependencia de estos métodos entre pequeñas y medianas empresas.

Ante este panorama, las organizaciones sostienen que es necesario actualizar las reglas del sistema para garantizar mayor transparencia y equidad.

Los defensores del proyecto subrayan que la medida no elimina las comisiones por completo ni interfiere con los procesos financieros existentes, como la autorización de pagos o la prevención de fraude. En cambio, se limita a ajustar la base sobre la cual se calculan esas tarifas, excluyendo el IVU.

Además, señalan que los sistemas actuales ya separan el impuesto del precio de venta, por lo que implementar el cambio no requeriría modificaciones tecnológicas complejas.

La propuesta también encuentra respaldo en iniciativas similares fuera de Puerto Rico. En estados como Illinois, ya se han aprobado leyes para prohibir el cobro de comisiones sobre impuestos y propinas en transacciones electrónicas, lo que refuerza la viabilidad de este tipo de regulación.

Las organizaciones comerciales hicieron un llamado a la Asamblea Legislativa para aprobar el proyecto, al considerarlo una medida justa que beneficiaría tanto a comerciantes como a consumidores.

A su juicio, la iniciativa representa una oportunidad para modernizar el sistema de pagos en la isla y corregir una práctica que, aseguran, afecta la competitividad del comercio local en un entorno económico cada vez más digital.